La Comisión de Venecia, perteneciente al Consejo de Europa, ha emitido un dictamen donde identifica problemas de “politización externa e interna” en las propuestas para la selección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) presentadas por este órgano en España, con el objetivo de modificar el sistema vigente. Estas propuestas, respaldadas por los sectores progresista y conservador del CGPJ, ofrecen recomendaciones contrapuestas.
En el informe se recuerda que los miembros de entidades como el CGPJ “deben ser jueces elegidos por sus pares de forma que se garantice una amplia representación del poder judicial”; sin embargo, advierte que la metodología de selección debe protegerse tanto de “la influencia política externa” como de “la politización interna”.
“No solo de la intervención directa de actores políticos, sino también de la subordinación indirecta o la conformidad con estos actores, especialmente a través de las asociaciones judiciales”, destaca el documento.
A petición de Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, este análisis se llevó a cabo tras la aprobación en febrero de dos propuestas emergentes del propio Consejo —una por el bloque conservador y otra por el progresista— sobre el modelo de elección de vocales. Los conservadores propusieron que los doce vocales judiciales sean elegidos por todos los jueces y magistrados en activo sin intervención del Parlamento o del Ejecutivo en ningún momento del proceso. Por otro lado, los progresistas sugirieron una elección “directa” por los jueces, seguida de una confirmación por las Cortes Generales.
Según la Comisión de Venecia, las diferencias clave entre ambas propuestas radican en la participación del Parlamento en el proceso electoral. Mientras que la opción conservadora se ajusta al estándar de elección entre pares, no asegura completamente contra la politización interna y se recomendaron medidas adicionales. En contraste, la propuesta progresista, aunque permite una elección directa por los jueces, no cumple con el estándar de elección entre pares al dejar la decisión final en manos de una entidad política.
Durante la elaboración del dictamen, el organismo europeo visitó España en septiembre pasado y mantuvo reuniones con distintos sectores del CGPJ, asociaciones judiciales, miembros de la sociedad civil, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, entre otros.