QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El juzgado de Menores de Badajoz ha concluido las sesiones del juicio por el asesinato de la educadora social Belén Cortés, presuntamente cometido por tres menores en un piso tutelado, este viernes. Las deliberaciones se han llevado a cabo a puerta cerrada los días 29, 30 y 31 en la sede judicial de Ronda Norte.
La representación legal de la familia de la víctima, dirigida por el abogado Raúl Montaño, ha ajustado sus peticiones finales alineándose con el criterio del Ministerio Público. En este sentido, se ha señalado a dos de los menores como perpetradores directos del crimen y a un tercero como cómplice, solicitando para ellos una pena de 6 años de internamiento en régimen cerrado, dependiendo de la edad que tenían al momento del incidente.
En declaraciones posteriores, Montaño especificó que su acusación se centraba en el homicidio agravado, argumentando que «la participación de cada uno varía, pero el delito que perseguimos es el asesinato». Además, reiteró la responsabilidad civil de la Junta de Extremadura en el caso, estimando la compensación económica en aproximadamente 600.000 euros, aunque la Junta rechaza ser la responsable directa.
Por otro lado, el defensor de oficio de uno de los menores, José Duarte, ha solicitado la absolución de su representado, alegando falta de pruebas concluyentes sobre su participación en el homicidio. Duarte también criticó a la administración por su gestión en el cuidado de los menores implicados.
Fernando Cumbres, abogado del padre de uno de los menores, ha argumentado que los padres del menor no deberían ser responsables de la indemnización civil, insistiendo en que la custodia efectiva correspondía a la Junta de Extremadura y a la empresa gestionadora de los pisos tutelados.
