El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha optado por no emitir opiniones acerca de la propuesta del Gobierno para incorporar el aborto como derecho en la Constitución, calificándolo de injerencia, pero ha reiterado que es un “derecho” de las mujeres.
Este comentario lo ha realizado durante una conferencia de prensa este martes, en el contexto del VI Congreso Mundial sobre Justicia Constitucional, que tiene lugar del 28 al 30 de octubre en Madrid. Durante el evento, se le cuestionó si el aborto debería ser considerado un derecho fundamental explicito en la Carta Magna.
“Lo que vaya a hacer el Poder Legislativo es algo que nosotros tenemos que respetar porque nosotros pedimos respeto para el TC de los miembros de los tres poderes del Estado –los jueces, los diputados y también los miembros del Gobierno– y también tenemos que corresponder y respetar lo que haga el Poder Legislativo. Por tanto, no podemos pronunciarnos sobre la reforma”, explicó Conde-Pumpido.
Además, afirmó que puede comentar sobre las resoluciones del TC, como la que respaldó la ley del aborto promulgada durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, diciendo que estas decisiones permiten al TC “definir los contenidos de los derechos fundamentales” y que estos “no pueden fosilizarse”.
Ha subrayado que los derechos fundamentales a menudo se definen en la Constitución usando solo una palabra. “Yo hablo siempre del artículo 10, que consagra la dignidad de la persona y su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Pues bien, cuando se está analizando, por ejemplo, la ley de la eutanasia tenemos que analizar que hay un derecho a la muerte digna”, declaró.
De igual manera, ha señalado que el derecho al aborto se enmarca dentro del libre desarrollo de la personalidad de la mujer y su derecho fundamental a la integridad física, siempre conforme a la ley.
CRITICA LA ‘INTERPRETACIÓN ORIGINALISTA’ DE LA CONSTITUCIÓN
Conde-Pumpido ha criticado a aquellos que adoptan una visión originalista de la Constitución, indicando que desean “reducir nuestros derechos a lo que se pensaba en el momento en que se redactó”. En cambio, él defiende que la Constitución debe verse “como un árbol vivo, que se desarrolla” y que el TC debe adaptar los derechos fundamentales a la realidad social contemporánea.