El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación. El fallo ha sido comunicado a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique la sentencia, que se conocerá posteriormente.
Según el fallo de la Sala II del Supremo, García Ortiz es «autor de un delito de revelación de datos reservados«, por lo que se le impone «multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años».
Además, como responsabilidad civil, el condenado «deberá indemnizar a D. Alberto González Amador con 10.000 euros por daños morales«.
Por otra parte, la sentencia, que está aún pendiente de redacción, absuelve al fiscal del resto de los delitos de los que se les acusaba.
El tribunal -formado por siete magistrados de mayoría conservadora- ha adelantado su fallo tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
¿Y ahora qué?
La inhabilitación del fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo no sólo implica la salida inmediata del máximo responsable del Ministerio Fiscal cuando sea notificado. Supone también la activación de un mecanismo institucional milimétricamente regulado que involucra al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al Congreso de los Diputados y, finalmente, al propio Jefe del Estado.
Mientras el cargo queda vacante, la estructura jerárquica de la Fiscalía asegura la continuidad operativa del Ministerio Público: el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo asume de forma automática el mando interino. Si tampoco pudiera ejercer, la sustitución recaería en el Fiscal Jefe Inspector y, en última instancia, en el fiscal de Sala con mayor antigüedad en el escalafón.
Nuevo candidato
Sin embargo, el verdadero proceso político empieza a continuación. El Gobierno debe elevar una propuesta de candidato que reúna los requisitos constitucionales: ser jurista de reconocido prestigio y contar con al menos quince años de ejercicio profesional. El CGPJ interviene emitiendo un informe de idoneidad que, aunque no es vinculante, se ha consolidado como paso clave para legitimar al candidato. Después, la Comisión de Justicia del Congreso somete al aspirante a una audiencia pública en la que debe exponer su visión sobre la independencia, la autonomía del Ministerio Fiscal y la orientación de su mandato.
Una vez superados estos filtros, la decisión final recae en el Rey, que nombra oficialmente al nuevo fiscal general mediante Real Decreto, a propuesta del Gobierno.
El resultado es un proceso que, pese a la urgencia institucional, se mueve entre los equilibrios jurídicos y los pulsos políticos. La Fiscalía General del Estado queda en un limbo controlado mientras La Moncloa y los grupos parlamentarios calibran nombres, mensajes y consecuencias.
Reacción del Gobierno
A la espera de conocer la sentencia completa, el Gobierno ha dicho respetar el fallo del Supremo, aunque «no lo comparte». «El Gobierno desea reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».