Samuel Vázquez, portavoz nacional de Seguridad e Inmigración de Vox, ha sido condenado a 10 meses de prisión y al pago de una multa de 3.600 euros por un delito electoral, según ha determinado la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles.
La sentencia establece que Vázquez participó en la campaña municipal de 2023 en Fuenlabrada siendo agente de la Policía Nacional en activo, a pesar de que la ley prohíbe expresamente a miembros de las Fuerzas de Seguridad ejercer cualquier actividad electoral.
La condena incluye inhabilitación especial para ejercer sufragio pasivo y para ocupar cargos públicos durante el tiempo de la pena, lo que, de confirmarse, implicaría su expulsión de la Policía Nacional. No obstante, el fallo aún no es firme y puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Madrid.
Acto de Vox en Fuenlabrada
Según la sentencia, Vázquez intervino en un acto electoral de Vox en Fuenlabrada junto a la candidata a la alcaldía, Isabel Pérez Moñino, y su número dos. En el evento, se exhibieron carteles con los nombres de ambos, y aunque Vázquez no pidió expresamente el voto, sus intervenciones sobre la seguridad y la necesidad de “un hombre fuerte” fueron interpretadas por el juez como participación activa en la campaña electoral, violando la normativa que protege la imparcialidad de los cuerpos de seguridad.
Durante su intervención, Vázquez realizó comparaciones con líderes internacionales como Rudy Giuliani y Nayib Bukele, resaltando su dureza frente al crimen, y sugirió que España aún no cuenta con un político dispuesto a asumir esas medidas. La sentencia subraya que, independientemente de que no pidiera el voto de manera explícita, el contexto y la cercanía temporal con las elecciones municipales configuraron un acto de campaña ilegal.
El policía había solicitado excedencia para presentarse en las elecciones, pero el Ministerio del Interior se la negó. Vázquez ya había sido objeto de varios expedientes disciplinarios por declaraciones públicas y vinculaciones polémicas entre inmigración y delincuencia, incluyendo la anulación en 2025 de una sanción de un mes por criticar a sus superiores a través de redes sociales.