La Audiencia Nacional ha dictado sentencia por hasta cuatro años de prisión para los involucrados en la denominada ‘Operación Púnica’ en Murcia, afectando a figuras como el exconsejero Juan Carlos Ruiz, el exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso, así como a María Dolores Martín, anterior directora general del Instituto de Turismo, el exjefe de gabinete José Fidel Saura y el empresario Alejandro de Pedro, todos ellos por delitos de fraude y cohecho.
Según la sentencia, que ha sido revisada por Europa Press, el tribunal también ha impuesto penas de un año de cárcel para Jesús Norberto Galindo, ex secretario general del Instituto de Turismo, y Agustín Alonso, y una pena de seis meses para los trabajadores de las empresas involucradas, Sara Gargallo y Francisco Javier Bueno.
LA OPERACIÓN REPUTACIONAL, UN ACTO DE CORRUPCIÓN
La AN considera que hubo una ‘concertación delictiva entre ellos, sujetos públicos y privados’, para cometer un ‘acto de corrupción’ que consistió ‘en el diseño y planificación de la operación reputacional –finalidad ajena al interés público–, como de la forma de sufragar ésta a través de uno o varios contratos administrativos amañados y de los actos delictivos concretos que comporta esta forma de actuar’.
Los jueces describen que la operación fue ‘dirigida a beneficiar ilegítimamente a las empresas EICO y MADIVA –ambas controladas por Alejandro de Pedro Llorca y su socio José Antonio Alonso– a través de una licitación simulada mediante procedimiento negociado sin publicidad, por importe de 30.000 euros’.
Además, se aclara que esta ‘concertación se estructuró en distintos niveles, con reparto funcional de tareas, según el lugar que cada interviniente ocupaba en la Administración o en el entorno empresarial’.
Finalmente, el tribunal ha absuelto a De Pedro, los hermanos Conesa, Gargallo y Bueno del delito de prevaricación administrativa que pesaba contra ellos.