El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado en lo esencial la condena a 17 años y seis meses de prisión impuesta a un hombre por un delito de asesinato en grado de tentativa y otro de aborto en tentativa, al intentar matar con una navaja a su expareja embarazada después de someterla durante un año a insultos, humillaciones y malos tratos.
La resolución del Alto Tribunal andaluz solo estima de forma parcial el recurso de apelación del condenado en lo relativo a la responsabilidad civil fijada en 30.000 euros, "dejándola sin efecto, y reservando expresamente las acciones civiles a la víctima del delito", pero mantiene "en todos sus extremos" el resto de pronunciamientos de la sentencia recurrida. Contra este fallo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Los magistrados consideran probado que el acusado, con antecedentes penales, mantuvo una relación de pareja con la víctima entre octubre de 2022 y octubre de 2023, residiendo en distintas localidades del país. Finalmente, la mujer decidió romper la relación y trasladarse a vivir con sus abuelos maternos a un municipio de la provincia de Córdoba.
Durante la convivencia, el hombre, "de forma continuada desde que iniciaron la relación y durante el tiempo que ha convivido con ella en los distintos domicilios, en múltiples ocasiones, la ha hecho objeto de humillación e insultos desvalorizantes, ejerciendo sobre ella indiferencia afectiva y mandándole múltiples mensajes amenazantes por teléfono, llevando a cabo también mecanismos de coerción que la aislaron social y familiarmente", ya que "no la dejaba salir sola, ni trabajar por temor a que se relacionase con otros hombres".
La sentencia detalla que "tampoco quería que su pareja se relacionara con su familia, que nadie fuera a su casa a visitarlos, controlando sus redes sociales, vestimenta e imagen personal, lo que dio lugar a gran cantidad de discusiones motivadas por los celos, llegando a pegarle un bofetón en una sola ocasión sin concretarse fecha".
Más de cien mensajes amenazantes y un ataque con navaja
En la madrugada del 7 de diciembre de 2023, el procesado envió alrededor de un centenar de mensajes a la víctima, que "se encontraba embarazada de 28 semanas y residiendo en casa de sus abuelos", en los que, "con intención de intimidarla", profirió amenazas de muerte contra ella y contra sus abuelos.
Esa misma jornada, ya al mediodía, la mujer accedió a salir para hablar con él y ambos se dirigieron a un parque cercano. Allí, el hombre le pidió "de manera insistente" retomar la convivencia, a lo que ella se negó, insistiendo en que deseaba "vivir tranquila con sus abuelos". Ante la negativa, y "dada su mala gestión de ira", el acusado "sacó una navaja y la esgrimió delante suya de manera amenazante sin decir nada".
El procesado también le planteó pasar la noche juntos en un hotel de la localidad, para lo que era necesario que ella dispusiera de su DNI. "Presionada por éste, acudió a casa de sus abuelos para cogerlo, dado que no lo llevaba encima", señalan los jueces. Cuando ambos se encontraban ya en las inmediaciones del domicilio familiar, el abuelo salió a la calle y recriminó al acusado que estuviera allí.
En ese momento, el hombre, "con intención de menoscabar la integridad física y corporal del abuelo de su expareja, se dirigió hacia él y lo empujó, sin que conste que el señor haya sufrido lesiones como consecuencia de estos hechos". La mujer protestó por la agresión y ambos se marcharon hacia la calle de los médicos de la localidad para continuar la conversación, a instancias del propio acusado, quien "volvió, insistentemente, a ella que se fuera a vivir con él a Córdoba, negándose de nuevo a ello la víctima".
Intento de asesinato de la mujer y del feto
En ese punto, el varón, "después de darse la vuelta y hacer como que enviaba un mensaje a un familiar para que lo recogiera, sin mediar palabra, de manera sorpresiva, impidiendo de este modo que ella se pudiera defender, se dirigió hacia ella, y con intención de acabar con su vida y con la del feto, se sacó la navaja del bolsillo y se la clavó en la barriga sin llegar a conseguir su propósito por causas ajenas al mismo, marchándose rápidamente".
El tribunal subraya que "el procesado cometió este delito en contra de ella, por el mero hecho de ser mujer y con absoluto desprecio de su condición". A raíz de la agresión, la víctima sufrió lesiones por las que reclama. Fue necesario administrar medicación para favorecer la maduración del sistema respiratorio del feto y, ese mismo 7 de diciembre de 2023, la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
La operación practicada ese día se clasifica como de riesgo moderado categoría alto debido al estado de gestación. Sobre el riesgo vital, la sentencia incide en que la herida se localizó en una zona con órganos de especial relevancia y que, "si no se hubiera levado a cabo con la premura necesaria hubiera supuesto un importante riesgo para la vida de la víctima y del feto".
Violencia de género continuada y alta peligrosidad
El informe de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género (Uvivg) concluye que la mujer presenta "hallazgos específicos de situaciones de violencia mantenida y continuada en el ámbito de la pareja a nivel cognitivo, conductual y emocional" y que la dinámica descrita encaja en "una situación de violencia sobre la mujer mantenida y continuada en el tiempo".
Respecto al agresor, se aprecia que presenta "múltiples factores de riesgo nivel cognitivo conductual que han podido ser precipitantes de la emisión de conductas violentas y manejo inadecuado de resolución de conflictos, siendo sujeto con elevado rasgo de peligrosidad manifiesto". Permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el 19 de enero de 2024 por estos hechos.
La resolución recoge que, el 28 de mayo de 2024, la perjudicada acudió al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para manifestar su voluntad de "querer renunciar a la asistencia letrada y retirar la denuncia formulada contra el procesado". No obstante, con fecha 1 de abril de 2025, consta su personación con representación letrada como acusación particular, ejerciendo acciones civiles y penales y reclamando por las lesiones y el daño moral.
Además de las penas de prisión, la sentencia confirma para el acusado órdenes de alejamiento superiores a 17 años, cinco años de libertad vigilada, una multa de 1.350 euros, la prohibición de tener y portar armas durante siete años y la privación de la patria potestad.