El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la resolución de la Audiencia Provincial de Cádiz que impuso cuatro años de prisión y una multa de 180.000 euros a un hombre que empleó a su hijo de tres años para dar apariencia legal a dinero procedente del tráfico de drogas en El Puerto de Santa María.
De acuerdo con la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el procesado integraba un grupo dedicado a la venta de droga al por menor en El Puerto, junto con otros encausados en una causa separada. La Audiencia declara como hechos probados que “con el producto del dinero ilícito obtenido con la venta de sustancias estupefacientes, el acusado no sólo disfrutaba a nivel personal de tales ganancias, sino que el día 15 de febrero de 2019 acudió en compañía de su mujer a una notaría de El Puerto de Santa María donde, con el consentimiento de esta, otorgaron escritura pública de donación en la que entregan un importe de 65.000 euros en metálico en favor de su hijo de tres años de edad, a sabiendas por parte únicamente del acusado de la procedencia delictiva del dinero entregado y con el objetivo de darle cobertura legal”.
Acto seguido, “a renglón seguido, y con el mismo ánimo que en el caso anterior, formalizó una escritura pública de compraventa de una vivienda en El Puerto en la que por un importe de 57.000 euros, que abona en metálico, la compra figurando como comprador su hijo de tres años de edad”, interviniendo el acusado como representante legal del menor, “consiguiendo de esta forma una maniobra exitosa en la que el dinero ilícito, producto de las sustancias estupefacientes, se convierte en una vivienda propiedad de un menor de tres años de edad”.
En consecuencia, la Audiencia Provincial impuso al acusado cuatro años de prisión y una multa de 180.000 euros por un delito de blanqueo de capitales, además de declarar la nulidad de las dos escrituras notariales. La defensa recurrió ante el TSJA alegando que no se habría probado que las sumas manejadas procedieran de una actividad delictiva y sosteniendo que las cantidades invertidas y los pagos efectuados tenían su origen en ingresos lícitos del propio acusado, como premios de la Once, transmisión de inmuebles y venta de vehículos.
El TSJA, sin embargo, ha rechazado el recurso al entender acreditado que el condenado participó en un delito contra la salud pública, “actividad delictiva que le ha generado importantes ingresos económicos, habiendo dispuesto de dichos ingresos median la realización de una donación en favor de su hijo menor de edad, con la finalidad de ocultar que el dinero provenía de la citada actividad ilícita y para darle una cobertura legal como se expresa en los hechos probados”.