La Audiencia de Granada ha ratificado la pena de dos años de prisión impuesta a una mujer acusada de retirar 6.000 euros de la tarjeta bancaria de un hombre de más de 70 años sin su autorización, en unas fechas en las que ella sostuvo que le estaba prestando servicios sexuales.
Según se declara probado, la mujer se alojó en el domicilio del afectado, en la capital granadina, entre el 24 de abril y el 7 de mayo de 2023. Durante ese tiempo consiguió hacerse con la tarjeta bancaria del septuagenario, sin que conste que recurriera a la violencia o a la intimidación para obtenerla.
La acusada conocía el número pin porque en repetidas ocasiones el anciano realizó pagos delante de ella y pudo observar la clave. Gracias a ello efectuó tres reintegros en un cajero automático, de 2.000 euros cada uno, entre el 28 de abril y el 2 de mayo, tal y como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada la condenó como autora de un delito continuado de estafa. La defensa recurrió el fallo al considerar que el dinero correspondía al pago por los servicios de prostitución y que fue la propia víctima quien le habría facilitado la tarjeta para que se abonara esas cantidades.
La Sala descarta esta versión al subrayar que no hay prueba alguna que la respalde y precisa que, aunque la acusada se dedicara a la prostitución en la fecha de los hechos, tampoco existe evidencia de que el hombre, de 76 años, la contratara con ese fin.
En la resolución se recoge que “Lo único que sabemos con certeza es que estuvo conviviendo con él y haciendo de acompañante suyo un tiempo que pudo ser, aproximadamente, de dos meses (...) que lo acompañó algunas veces a extraer dinero del cajero automático, sin que --la víctima-- tuviese la precaución de tapar el teclado”.
Del mismo modo, el tribunal señala que no consta que la mujer utilizara la tarjeta en otras ocasiones distintas a aquellas en las que, presuntamente, retiró el dinero sin el consentimiento del titular.
En consecuencia, la Audiencia Provincial desestima el recurso formulado por la defensa de la acusada y confirma íntegramente la sentencia de instancia, que le impone dos años de prisión y la obliga a indemnizar al septuagenario con 6.000 euros.