El Consejo General de la Abogacía Española ha exigido la implementación de méritos específicos para abogados en su acceso al Tribunal Supremo, destacando la importancia de reconocer la práctica profesional ante juzgados y tribunales. Esta petición se ha formulado a través de las observaciones enviadas por la Comisión de Estudios, Informes y Proyectos de la Abogacía al ‘Borrador de reglamento que regula la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales’. El objetivo principal es asegurar que los profesionales que accedan al Supremo tengan una experiencia directa y relevante con el sistema judicial, siendo estos los más cercanos a la ciudadanía en la administración de Justicia.
La escasa presencia de profesionales de la abogacía en el Tribunal Supremo en años recientes ha llevado a la Abogacía a considerar «esencial» un incremento de estos perfiles. Propone que se valoren especialmente el ejercicio efectivo de la profesión como abogado colegiado, la participación activa en procedimientos judiciales o administrativos, la formación legal continua, la enseñanza universitaria y las publicaciones científicas en áreas jurídicas.
«Se considera muy importante que se tenga en cuenta en la valoración de los candidatos abogados el ejercicio de la profesión ante juzgados y tribunales. Consideramos que resulta esencial un conocimiento práctico de la naturaleza y funcionamiento de los mismos», señala el documento presentado por la Abogacía. Además, sugiere que al menos un miembro de la Comisión de Calificación sea abogado y designado por el Consejo General de la Abogacía Española, y que este órgano requiera al Consejo toda la información relevante sobre los candidatos para prevenir irregularidades.
Finalmente, el Consejo General de la Abogacía ha expresado la necesidad de que el futuro Consejo del Poder Judicial, surgido de una nueva forma de selección de vocales, incluya obligatoriamente representantes de la abogacía entre sus miembros, como ya se ha comunicado en recientes reuniones con la Comisión de Asuntos Institucionales del Poder Judicial y la Comisión de Venecia.