Antonio Piña, juez de la Audiencia Nacional, ha solicitado a la Fiscalía un informe acerca de si el tribunal es competente para tramitar la querella presentada por Sergio Toribio, activista español, acusando a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y a varios mandos militares, por crímenes de guerra durante el ‘asalto’ a una embarcación de la Flotilla de la Libertad, interceptada por el Ejército israelí en su intento de alcanzar Gaza.
Mediante un auto, que Europa Press ha obtenido, el juez del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha iniciado diligencias previas y ha requerido al Ministerio Público que opine también sobre las diligencias a realizar si determina que corresponde a la Audiencia Nacional abordar estos hechos.
El 3 de julio fue cuando Toribio presentó la querella, solicitando que el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA) participe como acusación popular, según se anunció recientemente cerca de la Audiencia Nacional.
Toribio invoca el principio de jurisdicción universal en su querella y demanda la emisión de órdenes internacionales de arresto contra Netanyahu y los demás implicados.
Acusa crímenes de guerra y de lesa humanidad por ‘el asalto en aguas internacionales a una misión civil que buscaba romper el bloqueo a Gaza’, destacando ‘un patrón sistemático de represión contra misiones civiles de ayuda a Gaza y un intento de criminalizar la solidaridad internacional’.
La acusación es contra Netanyahu y altos mandos militares como Israel Katz, ministro de Defensa y principal responsable de la operación; el vicealmirante David Saar Salama, comandante de la Armada; el portavoz del Ejército, Daniel Hagari, y altos mandos de la unidad de élite Shayetet 13, responsables del abordaje del ‘Madleen’.
La querella describe la intercepción ‘violenta’ y ‘sin hostilidad ni amenaza por parte de la tripulación’ del barco civil, que partió el 1 de junio desde Catania (Italia) con ayuda humanitaria hacia Gaza.
Denuncian que la unidad Shayetet 13 abordó el barco a más de 100 millas de la costa ‘con drones, gases lacrimógenos y armas no letales’.
‘Se incautaron dispositivos electrónicos personales y se remolcó la embarcación al puerto israelí de Ashdod, donde los detenidos fueron privados de libertad, incomunicados, despojados de sus pertenencias y sometidos a un intento de adoctrinamiento forzoso’, indica el documento.
Entre los detenidos estaban Toribio, la activista Greta Thunberg y la eurodiputada Rima Hassan, quienes ‘fueron detenidos y deportados’ de forma ‘arbitraria’, en una ‘violación clara del Derecho Internacional Humanitario’.
La defensa, liderada por el eurodiputado Jaume Asens, señaló la semana pasada que es posible remitir el caso o colaborar con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) durante el proceso.
‘Los jueces de los diferentes países donde hay víctimas de esos mismos hechos tienen mecanismos a su alcance’ para investigar, afirmó el abogado.
















