QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza ha convocado a Emilio Santacatalina Revelles y a Nicolaas Richardus Johannes María para declarar como investigados por la entrega de 10.000 mascarillas defectuosas al Gobierno de Aragón en el contexto de la pandemia. Las declaraciones están programadas para el 16 de diciembre a las 12:45 y 13:30 horas, respectivamente.
En caso de que no se logre localizar a los citados en sus domicilios, se solicitará la intervención de la Policía Nacional para localizarlos, según el documento al que Europa Press tuvo acceso.
“Igualmente y en relación a los citados para el caso de ostentar la representación legal de las entidades mercantiles Grupo Santacatalina Build New World y Escrow & Trust Europe Foundation se proceda a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 119 de la Lecrm –Ley de Enjuiciamiento Criminal– en cuanto al emplazamiento de las personas jurídicas (para igual fecha a la establecida) debiendo designar representante y compareciendo con Abogado y Procurador y con aportación de las escrituras de constitución de la Sociedad e indicación del domicilio social de las mismas”.
Adicionalmente, se ha requerido a Wolke, Patentes y Marcas, S.L., con sede en Calle Alejandro Ferrant, 9, 1o C, 28045 Madrid ESPAÑA, para que proporcione información sobre el domicilio de la empresa Grupo Santacatalina Build New World, ya que presentó una solicitud de patente en su nombre.
DELITO DE ESTAFA
El Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), ha remitido al Ministerio Fiscal la documentación relativa a los contratos de las mascarillas “defectuosas” del año 2020 para investigar los hechos que podrían constituir un “delito de estafa”, según el artículo 248 del Código Penal.
La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, anunció el 2 de abril de 2024 que se reclama en los juzgados una suma superior a 25.000 euros y que el objetivo es cumplir con la obligación legal de informar a la Fiscalía para que se realicen las investigaciones pertinentes y se determinen las responsabilidades penales.
