Cristina Álvarez, consejera de Begoña Gómez, optó por hacer uso de su derecho a no declarar este miércoles ante el magistrado Juan Carlos Peinado en relación al supuesto delito de malversación vinculado a su contratación en la Moncloa.
Según fuentes judiciales, Álvarez tomó esta decisión durante su citación para comparecer a las 11.00 horas ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, como parte de una investigación que también implica a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se espera que Gómez comparezca a las 12.00 horas, también acusada por presunta malversación.
Esta es la tercera ocasión en que Álvarez se presenta ante Peinado. Inicialmente lo hizo como testigo, donde estaba obligada a responder verazmente a las preguntas de todas las partes involucradas; en la segunda ocasión, ya como investigada, se limitó a responder solo a las preguntas de su defensor, dirigido por el abogado José María de Pablo.
La Audiencia Provincial de Madrid invalidó su declaración como testigo, aceptando solo el interrogatorio donde figuró como investigada. Esta misma instancia también descartó la posibilidad de atribuirle un delito de malversación por su contratación, aclarando que tal delito solo podría ser imputado a quienes participaron en su nombramiento y pago.
No obstante, se consideró que podría ser investigada por un supuesto delito de tráfico de influencias debido a su relación previa de amistad con Begoña Gómez antes de ser nombrada.
UN AÑO Y CINCO MESES DE INVESTIGACIÓN
Aunque el juez del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ya había iniciado investigaciones sobre la presunta malversación relacionada con el nombramiento de Álvarez, no fue hasta el 18 de agosto que imputó formalmente este delito a Gómez o a su asesora. En mayo, había decidido no investigarlas por malversación al concluir que no tenían responsabilidad directa en el nombramiento.
En esta parte de la investigación, solo figuraba como investigado Francisco Martín Aguirre, quien fue secretario general de la Presidencia en julio de 2021 y se desvinculó del nombramiento en su declaración como imputado en mayo.
Antes de que Peinado ampliara el procedimiento en agosto, Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.
La investigación se originó en abril de 2024 tras una denuncia de Manos Limpias, acusando a Gómez de usar su posición como esposa del presidente del Gobierno para influenciar a empresarios, como el investigado Juan Carlos Barrabés, en licitaciones públicas.
Desde entonces, el juez ha abierto nuevas ramas de investigación a raíz de querellas presentadas por Hazte Oír y Vox por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra dirigida por Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y por supuestas irregularidades en la contratación de la asesora de la esposa de Sánchez.
NIEGA LA MALVERSACIÓN
La defensa de Álvarez, al igual que la de Gómez, ha solicitado recientemente a la Audiencia Provincial de Madrid que corrija la decisión de Peinado de imputarle un delito de malversación por su nombramiento en la Presidencia del Gobierno. En un recurso directo de apelación, ha reiterado que no se le puede atribuir dicho delito por enviar correos como asesora de Gómez.
«¿O existe malversación cuando un funcionario de un órgano judicial realiza o recibe una llamada personal en la secretaría del Juzgado, hace un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmite a alguien un recado de parte de otro? Si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa», ha alegado su defensa.
Además, su abogado ha subrayado que con esta imputación Peinado «desobedece (otra vez) a la Audiencia Provincial», que «negó de manera expresa y tajante» que Álvarez «haya podido cometer el delito de malversación que ahora se le atribuye».
Asimismo, su letrado ha insistido en que el juez «contradice» su propia postura, ya que descartó investigar a Álvarez y Gómez por malversación el día que imputó dicho delito al delegado del Gobierno en Madrid por los mismos hechos.