QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Varias asociaciones de jueces y fiscales han expresado este martes su preocupación ante las reformas propuestas en el proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim), que otorga a los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penales, prohíbe a los políticos participar como acusación popular y prolonga el mandato del fiscal general del Estado para que no coincida con el del Gobierno.
Entre las asociaciones que han mostrado su recelo se encuentran la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), las cuales han criticado el texto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Por otro lado, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han apoyado el proyecto, calificado por el ministro Félix Bolaños como «histórico».
María Jesús del Barco, presidenta de la APM, ha declarado que las reformas «no pueden sino calificarse como desafortunadas y de todo punto inoportunas». Ha criticado el cambio de modelo de instrucción, que pasaría de los jueces a los fiscales, argumentando que se necesita «un consenso amplio» que actualmente no existe.
Del Barco también ha comentado que el fiscal general, al ser nombrado «directamente» por el Gobierno, no puede ser considerado «independiente», y que debería gozar de la «autonomía, independencia, imparcialidad y neutralidad» que posee un juez.
Sergio Oliva, portavoz de la AJFV, ha expresado su desconfianza hacia la reforma, señalando que entregar la investigación penal a los fiscales sin asegurar su autonomía real supone un riesgo de politización en un país polarizado.
FJI ALERTA DEL RIESGO DE «INJERENCIAS POLÍTICAS»
Fernando Portillo, presidente de FJI, ha recordado la postura contraria de su asociación al cambio propuesto por el Gobierno, señalando que aumenta el riesgo de injerencias políticas en casos de interés gubernamental.
Finalmente, la APIF ha criticado que el nuevo proyecto de ley no proporciona las garantías necesarias para que el fiscal investigador actúe con independencia, y ha destacado la necesidad de reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal antes de modificar el modelo de instrucción.
