Ciudadanos ha expresado su descontento con la resolución del Tribunal Supremo que les obliga a operar bajo la dirección legal del PP en el ‘caso Koldo’, junto con otras acusaciones como Vox, y considera que esto limita su capacidad de actuar.
El lunes, el partido emitió un comunicado anunciando que ha interpuesto un recurso contra esta medida, argumentando que infringe el derecho a la tutela judicial efectiva estipulado por la Constitución y ‘limita su capacidad para ejercer una acusación autónoma e independiente’.
Esto ocurre tras la admisión de su personación como acusación popular por parte del magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, quien les recordó que deben proceder a través del PP. Según ellos, la unificación ‘impide a Ciudadanos ejercer plenamente su función como acusación popular, limitando su capacidad para proponer pruebas, realizar alegaciones o intervenir en interrogatorios’, causando ‘una clara indefensión material’.
Advierten que esta situación ‘puede generar un conflicto de intereses’ debido a la dirección común impuesta entre partidos con ‘identidades ideológicas claramente diferenciadas’. También señalan la importancia de mantener la independencia en cada acusación, especialmente en casos que impactan directamente la credibilidad institucional.
Ciudadanos argumenta que si bien la ley permite la unificación de las acusaciones populares, esta debe ser ‘totalmente excepcional y de aplicación restrictiva’. Además, recalcan que la unificación bajo una misma dirección impuesta amenaza el principio de igualdad procesal y el acceso efectivo a la justicia.
EL PP, EL ÚNICO EN LOS INTERROGATORIOS
El magistrado instructor optó por designar al PP como representante de las acusaciones populares por ser quien se personó primero y por la falta de acuerdo entre las partes. Según el auto de diciembre, esta decisión ayuda al ‘buen orden del proceso’ y evita ‘indebidas dilaciones’.
Esta medida solo permitió la presencia del PP en ciertas declaraciones, lo que causó descontento en otros grupos como Iustitia Europa, Hazte Oír, Liberum y Vox, quienes han amenazado con llevar el caso ante el TEDH.
Ciudadanos se personó argumentando que es un ‘acto de higiene democrática’ ante una supuesta ‘corrupción organizada desde el corazón del poder’, relacionada con la trama de comisiones ilegales liderada supuestamente por Santos Cerdán, con la colaboración de José Luis Ábalos y Koldo García.