El juicio señalado para este jueves en la Audiencia Provincial de Ourense ha vuelto a aplazarse por cuarta vez debido a la baja médica del abogado de uno de los cinco procesados —cuatro hombres y una mujer— acusados de distribuir sustancias estupefacientes en varios pisos de la ciudad. La nueva vista oral ha quedado fijada para el 22 de abril, a las 9.30 horas.
La sesión se desarrollará sin la comparecencia de uno de los encausados, sobre el que, según ha confirmado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), pesa una orden de búsqueda y captura tras haber sido declarado en rebeldía en el anterior intento de celebración del juicio.
En concreto, el Ministerio Fiscal reclama para cada uno de los cinco acusados una pena de 4 años y seis meses de prisión, además del abono de una multa de 200.000 euros. Para tres de ellos, de nacionalidad dominicana, se interesa la sustitución de dos tercios de la condena por la expulsión del territorio español durante un periodo de cinco años.
Investigación policial y detenciones
De acuerdo con el escrito de acusación, en julio de 2023 el grupo de estupefacientes de la Policía Judicial de Ourense detuvo a tres de los procesados tras mantener bajo vigilancia el edificio en el que operaban, después de recibir numerosas denuncias que señalaban el lugar como punto de venta de heroína y cocaína.
Los detenidos quedaron luego en libertad ante la "escasa cantidad de droga intervenida", momento en el que, según el fiscal, retomaron la actividad. Esta se basaba en la venta de microdosis de heroína a cinco euros, así como "manchado o rebujito", es decir, mezcla de cocaína y heroína, a diez euros, permitiendo el consumo a los drogodependientes dentro del propio inmueble.
Al percatarse de que volvían a estar bajo investigación, tres de los acusados optaron por trasladar el punto de venta a otra vivienda cercana y alquilaron además otro piso para utilizarlo como "narcosala". En este último realizaron obras de refuerzo en puertas y ventanas con la finalidad de "eludir las consecuencias de una posible intervención policial".
Durante el dispositivo de vigilancia, los agentes comprobaron que uno de los procesados acudía reiteradamente a la vivienda de su expareja, también acusada, "suponiendo acertadamente" que ese domicilio funcionaba como "guardería de la droga", desde donde el resto de implicados se encargaba de la distribución a través de los distintos pisos. En enero de 2024 ambos fueron arrestados cuando uno de ellos transportaba dos bolsas con 107,8 gramos de cocaína, valorados en 26.634 euros, y 48,536 gramos de heroína, tasados en 9.532 euros.
A raíz de estas detenciones se solicitó y practicó el registro del domicilio utilizado como "guardería", donde la Policía intervino siete bolsas: cinco de ellas con más de 470 gramos de cocaína, con un valor estimado de 119.092 euros; una sexta con más de 112 gramos de heroína, valorada en 21.727 euros; y una séptima con paracetamol y codeína.
Tras el registro, los investigadores concluyeron que uno de los acusados era quien se encargaba de abrir la vivienda y suministrar las dosis a los consumidores, percibiendo por ello una retribución diaria cercana a 80 euros.