El decano del ICAM señala pruebas contundentes para procesar al fiscal general del Estado

Eugenio Ribón del ICAM argumenta que hay pruebas decisivas contra el fiscal general del Estado en el caso de revelación de secretos.

Archivo - El decano del ICAM Eugenio RibónICAM - Archivo

El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, considera que existen pruebas “más que concurrentes” para procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado de revelar información confidencial sobre Alberto González Amador. Ribón ha manifestado esto durante una conferencia de prensa el lunes, después de que el juicio se cerrara el jueves anterior a la espera de sentencia, con el ICAM actuando como acusación particular.

Según Ribón, tras la evaluación de las pruebas, “el Colegio observa indicios más que concurrentes de posible responsabilidad penal del fiscal general”. Estos indicios, explica, se apoyan en el conocimiento que tiene el fiscal sobre los hechos, siendo la máxima autoridad de la Fiscalía. Destaca que hay pruebas directas basadas en la secuencia de eventos e indicios indirectos de testimonios que coinciden.

“Uno de los hechos más graves, a juicio del ICAM, sería el borrado del teléfono móvil, lo que agrava la inferencia del dolo, especialmente por haberse producido de modo cronológicamente concurrente con la apertura de la causa por parte del Tribunal Supremo”, señala Ribón. Además, recalca que el daño está “plenamente acreditado” desde la perspectiva del derecho de defensa, que es el “núcleo central de la actuación del Colegio en este caso”.

Adicionalmente, Ribón ha resaltado que la decisión de proceder legalmente fue “colectiva, unánime y muy madurada” por la Junta de Gobierno del Colegio, y enfatiza que “no existió ningún tipo de presión para adoptar esta posición”. El decano también ha recordado que el ICAM fue “pionero” en adoptar esta medida contra la Fiscalía General, subrayando que la decisión surgió de una profunda reflexión institucional y no de impulsos individuales. Ha elogiado, además, el amplio apoyo recibido por los profesionales del derecho.

“Han sido miles las comunicaciones que hemos recibido, y la respuesta ha sido de total adhesión, apoyo y reconocimiento. Para nosotros era un hecho sin precedentes y una fractura plena del derecho de defensa”, concluyó Ribón.

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