QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante el evento climático del 29 de octubre de 2025 ha testificado ante la jueza que analiza la gestión de la inundación de esa fecha. El sargento ha afirmado que la responsabilidad de monitorear ríos y barrancos recae en el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), conforme al Plan de Inundaciones establecido.
El sargento ha explicado que se retiraron del barranco del Poyo después de efectuar las mediciones necesarias y ante la ausencia de instrucciones para permanecer en el lugar: “Ese día Emergencias tendría que haber dado órdenes sobre la permanencia”, declaró.
En su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga el manejo de la situación, mencionó que ese día se debía aclarar la permanencia de los equipos. La investigación involucra a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exsubalterno Emilio Argüeso.
El testimonio del sargento se centró en la movilización de los bomberos forestales para vigilar los barrancos y las instrucciones recibidas del CCE. Detalló que un técnico de Emergencias solicitó su ayuda para supervisar áreas afectadas por la crecida en varios puntos, incluyendo el Río Magro y la Rambla del Poyo.
Tras completar las mediciones y ante la emergencia de múltiples rescates críticos, se dio la orden de regresar a la base. Además, subrayó que desde el CCE no se proporcionaron directrices para que los bomberos continuaran su labor de vigilancia en esos lugares. “La orden debería haber sido clara”, señaló.
El sargento reiteró que el CCE debió haber instruido sobre el tiempo que los bomberos debían permanecer en los cauces. “En ningún momento volvieron a preguntar sobre el tema de los barrancos. Una de las funciones del CCE es hacer un análisis sobre los mismos”, concluyó.
