En el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han testificado que en las diligencias realizadas en su oficina y en la de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se extrajo más información de la ordenada judicialmente porque era técnicamente inviable filtrarla previamente.
Durante la quinta sesión del juicio que tiene lugar en el Tribunal Supremo (TS), estos agentes indicaron que los registros, que se prolongaron simultáneamente en ambos despachos durante más de diez horas el 30 de octubre de 2024, implicaron la copia de datos de móviles, ordenadores y correos electrónicos, pese a las fechas delimitadas por el magistrado Ángel Hurtado desde el 8 de marzo hasta el 14 de marzo de ese año.
Al ser interrogados, los agentes explicaron que copiaron todos los archivos al no ser posible seleccionar solo aquellos dentro del rango temporal especificado, aunque algunos aclararon que la selección se hizo más adelante, al revisar la información obtenida.
Respecto al abordaje con los dispositivos, el abogado del Estado, José Ignacio Ocio, destacó que los agentes acabaron recogiendo información de «7 meses y 22 días» y señaló que, en el caso de Rodríguez, su móvil personal contenía datos desde 2018. Ante la pregunta de si se había respetado el límite temporal, un agente respondió que se procedió de la mejor manera posible dado el escenario técnico.
En la fase final del juicio, se trató el tema de los informes de la UCO que indicaban que García Ortiz había jugado un rol crucial en la filtración de información sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, lo que generó tensiones, especialmente con la defensa. Los agentes mantuvieron la validez de sus informes, mientras que la defensa criticó la falta de investigación sobre otros posibles implicados.