El equipo legal de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, ha instado al magistrado Juan Carlos Peinado a desestimar la parte principal del proceso respecto a la colaboradora de Moncloa, a la vez que ha exigido que se impongan las costas judiciales a las acusaciones populares –lideradas por Hazte Oír– por considerar que están motivadas «exclusivamente» por «interés político y mediático».
Según un documento al que ha accedido Europa Press, presentado ante el juez, se detallan los alegatos que fueron expuestos durante una audiencia el lunes. En dicha sesión, se notificó a las defensas de Gómez, de Álvarez y del empresario Juan Carlos Barrabés que, de proceder a juicio, serían evaluados por un jurado popular en vez de un tribunal de jueces.
La defensa, representada por el abogado José María de Pablo, solicitó al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que anulara la conversión del proceso a un juicio por jurado, que cerrara el caso de Álvarez y que condenara a la acusación popular a pagar los gastos legales generados por la asesora de Moncloa.
«No cabe duda de que la imputación contra mi patrocinada que concretó la acusación popular responde, exclusivamente, al interés político y mediático de esa acusación popular. Y esa no es la función de los procedimientos penales», afirmó el letrado. Además, denunció la «temeridad y la mala fe de la acusación popular» y criticó que se le atribuyese a Álvarez un delito de tráfico de influencias «sin especificar su participación en ningún acto concreto de presión moral eficiente hacia un funcionario».
«Es decir, se le imputa un delito, pero describiendo hechos que claramente no constituyen el delito», subrayó, y también reprochó que se le imputase un delito de apropiación indebida «desobedeciendo expresamente a este juzgado de instrucción», que acordó investigar a Álvarez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero no por apropiación indebida.
Finalmente, el defensor recalcó que la Audiencia Provincial de Madrid «limitó la investigación» relativa a Álvarez al delito de tráfico de influencias, encargando al juez investigar si Álvarez, al «excederse en las funciones encomendadas, participó en el delito de tráfico de influencias que pudiera atribuirse a Begoña Gómez»; es decir, si colaboró con la esposa del presidente del Gobierno en influir a algún funcionario –probablemente de la Universidad Complutense de Madrid– para que tomase una decisión que beneficiase económicamente a Gómez.