La defensa de Begoña Gómez ha solicitado el archivo definitivo de la causa que investiga su actividad profesional, en un nuevo capítulo judicial marcado por el choque frontal entre las partes. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, ha denunciado ante el juez que la continuidad del procedimiento “hace un flaco favor a la imagen de la Justicia”, en línea con la posición de la Fiscalía, que también reclama el cierre del caso.
La vista, celebrada este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado, ha servido para comunicar a las partes que, en caso de llegar a juicio, este se celebraría con jurado popular. Sin embargo, el fondo del debate sigue siendo el mismo: si existen o no indicios suficientes para mantener abierta la investigación.
La defensa denuncia una causa sin fundamento
Durante su intervención, Camacho ha rechazado uno por uno los delitos que se atribuyen a su clienta —malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional—, asegurando que no existe base jurídica para sostenerlos.
El letrado ha descrito el procedimiento como una “pesadilla” y ha acusado al instructor de aplicar un “derecho penal de autor”, es decir, de basar la investigación en la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más que en hechos concretos.
Además, ha defendido que la relación de Gómez con la universidad investigada se remonta a años anteriores a la llegada de Sánchez a La Moncloa, y que su actividad no experimentó ningún crecimiento irregular. También ha negado cualquier perjuicio económico o irregularidad en la captación de fondos, subrayando que este tipo de prácticas son habituales en el ámbito universitario.
Petición de nuevas pruebas si el caso sigue adelante
A pesar de reclamar el archivo, la defensa ha anticipado un posible rechazo y ha solicitado nuevas diligencias en ese caso. Entre ellas, la declaración de testigos clave y la incorporación de informes periciales sobre el funcionamiento de las cátedras universitarias, el papel institucional de las parejas de los presidentes del Gobierno y la inexistencia de daño económico.
En paralelo, la defensa de la asesora Cristina Álvarez ha pedido documentación oficial para acreditar que sus funciones en La Moncloa se ajustaban a la legalidad.
Las acusaciones presionan para ampliar la investigación
Frente a esta estrategia, las acusaciones populares —lideradas por organizaciones como Hazte Oír— han solicitado al juez que profundice en la investigación con nuevas diligencias. Entre sus peticiones figuran el análisis de la vida laboral completa de Gómez, la actualización de datos económicos y la recopilación de información adicional sobre reuniones vinculadas al proyecto investigado.
Estas partes consideran que existen elementos suficientes para continuar el procedimiento y avanzar hacia una fase judicial más avanzada.
Un caso que sigue abierto y pendiente de decisión
El juez Peinado mantiene, por ahora, que existe una “verosimilitud delictiva” suficiente para continuar con la causa, en contra del criterio de la Fiscalía. La investigación, iniciada en 2024, se ha ido ampliando con nuevas líneas y acusaciones, en un proceso que continúa generando un fuerte debate político y jurídico.
Se espera que en los próximos días el magistrado decida si atiende a la petición de archivo o si, por el contrario, mantiene viva una causa que podría acabar sentando a Gómez ante un jurado popular.