El equipo legal de Alberto González Amador ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid tras ser denegada la solicitud de realizar ciertas diligencias en el proceso donde se le acusa de dos delitos contra la Hacienda Pública y uno de falsedad documental.
En un documento entregado al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, al cual Europa Press tuvo acceso, los abogados apelan contra el fallo emitido el 28 de mayo por la jueza Inmaculada Iglesias, cuyo cargo previamente ocupó el juez Antonio Viejo, el cual rechazó la realización de las diligencias requeridas por los representantes legales de González.
La defensa argumenta en su recurso que su cliente pidió la ejecución de tres diligencias específicas junto con su testimonio para ejercer su derecho a la defensa. Estas incluyen un análisis tributario y dos declaraciones que podrían esclarecer detalles sobre facturas de servicios profesionales efectuados en México y Costa de Marfil.
Según los abogados, estas declaraciones comprobarían que «si estas facturas responden a servicios realmente existentes y las mismas no pueden considerarse falsas, no sería posible considerar la concurrencia de delito fiscal». Además, afirman que «si aún a efectos hipotéticos o dialécticos se consideraran ambas facturas falsas, los ajustes no efectuados y que deberían haberse practicado por la Agencia Tributaria en la liquidación tributaria harían objetivamente imposible considerar la concurrencia de delito fiscal».
La defensa insiste en la necesidad de incluir en el sumario, antes de evaluar la liquidación tributaria, los testimonios de los testigos que demostrarían «no sólo la realidad de los servicios prestados en Costa de Marfil, sino que esa realidad no la ha conocido la AEAT, no la ha podido valorar ni la ha tenido jamás en cuenta sin que figure de ninguna forma ni incorporado ni considerado en su expediente tributario ni incorporado al sumario».
Finalmente, critican que la negativa de realizar las tres diligencias de defensa propuestas representa «la continuación en la destrucción absoluta y desaparición de los derechos fundamentales a defensa y a la presunción de inocencia de Alberto González Amador, hasta la desaparición de cualquier contenido materia».