La Delegación del Gobierno en Madrid ha confirmado la apertura de una investigación tras la detención del activista y exdiputado en la Asamblea de Madrid de Podemos, que ocurrió el jueves por la tarde en su barrio durante un operativo policial que también terminó con la detención de otras seis personas.
Mbaye denunció a su salida de la comisaría un “racismo puro y duro” y una persecución “contra las personas racializadas”, en línea con las quejas que lleva tiempo manifestando por un hostigamiento policial.
Un operativo que terminó en tensión vecinal
Según la versión policial, los hechos comenzaron tras el aviso de un posible robo en un vehículo. Los agentes trataron de identificar a dos hombres, pero uno de ellos, según Delegación, se negó a colaborar, adoptó una actitud de enfrentamiento y trató de huir, lo que provocó su detención.
La situación se intensificó cuando varios vecinos acudieron al lugar, generando un ambiente de tensión que requirió la presencia de refuerzos policiales. Como resultado, cinco agentes sufrieron heridas leves y se realizaron siete detenciones por atentado a la autoridad y lesiones, aunque todos quedaron en libertad pocas horas después.
Los vecinos cuestionan la versión oficial
Imágenes difundidas por El Salto muestran una escena de intervención violenta, con vecinos pidiendo a los agentes que paren y alertando que uno de los detenidos “no puede respirar”. Esto ha alimentado la polémica sobre la proporcionalidad del operativo.
A su salida de la comisaría de Usera, Mbaye aseguró haber sido víctima de racismo puro y duro y de una persecución contra personas racializadas. “Esta persecución le debería dar vergüenza a todo español”, declaró, reafirmando su compromiso de seguir denunciando este tipo de actuaciones.
Podemos denuncia un arresto "injustificado"
Desde Podemos, sus dirigentes han calificado el uso de la fuerza como “injustificado” y lo señalaron como un ejemplo de violencia institucional y racista. Mbaye, miembro de la dirección estatal de Podemos y responsable de Antirracismo, ha señalado lo ocurrido como un problema estructural en la actuación policial.
La Delegación del Gobierno ha defendido que la actuación se produjo en respuesta a un requerimiento ciudadano y dentro de las funciones de prevención e intervención policial. No obstante, aseguraron que se evaluará lo sucedido para garantizar la adecuación y proporcionalidad de las actuaciones, preservando los derechos y deberes de todos los ciudadanos.