El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha concluido con el sobreseimiento libre de la causa contra José María Ángel, excomisionado especial del Gobierno para la Reconstrucción y Reparación tras la dana, tras una denuncia de Manos Limpias por falsedad documental. La decisión se basa en que los hechos han prescrito, eliminando cualquier responsabilidad penal posible.
Según el auto del magistrado, el delito de falsedad documental se considera consumado de manera instantánea, a pesar de sus efectos duraderos, apoyándose en jurisprudencia de las Audiencias Provinciales de Sevilla y Valencia y del Tribunal Supremo.
La denuncia especificaba que la falsificación se produjo en 1983, al obtener un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, lo que según el artículo 131 del Código Penal, estaría prescrito, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
«Ya se aplique el delito del artículo 390 o el artículo 392 del Código Penal, con plazos de prescripción de diez o de cinco años, respectivamente, los hechos denunciados están notoriamente prescritos», explica el instructor. De hecho, el auto judicial indica que «los hechos denunciados habrían prescrito cuanto menos hace 30 años».
La jurisprudencia citada por el magistrado incluye un auto de la Audiencia de Valencia de 12 de noviembre de 2019, que sostiene que el delito de falsedad documental no es permanente según el artículo 132 del Código Penal, aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo.
La resolución puede ser objeto de recurso de reforma y/o apelación. José María Ángel renunció a su cargo el 31 de julio tras un informe de la Agencia Valenciana de Antifraude que lo acusaba de «falsificar» un título universitario para acceder a la Administración Pública. En su carta de renuncia, Ángel afirmaba que su acceso a la función pública y su reclasificación habían sido legales y reglamentarios, denunciando actitudes hostiles desde su nombramiento.