Dieciocho presos de ETA cumplen hoy un régimen de semilibertad con el artículo 100.2

Dieciocho presos de ETA cumplen semilibertad con el artículo 100.2, una medida avalada por el Gobierno Vasco y bajo control judicial que genera polémica.

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El exjefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', a su salida de la prisión de Martutene, el 9 de febrero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). Foto: Unanue - Europa Press

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Un total de 18 presos de ETA se encuentran actualmente en situación de semilibertad al amparo del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula que permite suavizar su régimen de internamiento sin que pasen formalmente del segundo grado (régimen ordinario) al tercero.

En junio de 2025, en contestación a una pregunta parlamentaria del PP, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos detalló que en ese momento eran 16 los internos que disfrutaban de la semilibertad gracias al artículo 100.2. Desde entonces se han incorporado otros dos reclusos, hasta llegar a los 18 actuales, según han indicado a Europa Press fuentes del Gobierno Vasco.

Los últimos en acceder a esta modalidad de cumplimiento han sido el exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', cuya excarcelación definitiva por cumplimiento de condena está prevista para dentro de año y medio, y Juan Ramón Carasatorre, conocido como 'Zapata'.

Estos internos, al igual que los otros 16 presos de la organización a quienes se les ha otorgado la semilibertad mediante este mecanismo, están obligados a presentar “un plan de ejecución” donde concreten el trabajo o la labor de voluntariado que pretenden desempeñar en caso de que se les autorice a salir del centro, manteniendo la obligación de pernoctar en prisión.

La propuesta de flexibilización parte de la Junta de Tratamiento de la cárcel en la que cumplen condena, aplicando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una figura intermedia entre el segundo y el tercer grado que facilita que los reclusos avancen en su proceso de resocialización a través de actividades laborales o de voluntariado.

Esta decisión debe ser ratificada posteriormente por el Gobierno Vasco y requiere igualmente el aval del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, aunque la medida es de ejecución inmediata. Si la autoridad judicial la revocara, la situación de semilibertad quedaría sin efecto.

Tras casi 15 años desde el fin de la violencia de la ya disuelta ETA, permanecen en prisión algo más de un centenar de miembros de la banda —125 a finales del pasado mes de enero, según la AVT—. Son internos condenados por delitos de mayor gravedad y con penas más largas, por lo que se prevé que vayan saliendo en libertad en los próximos años.

Fuentes penitenciarias señalan que, mientras tanto, los penados van progresando de grado conforme cumplen los requisitos legales, salvo aquellos considerados “más duros”, que se resisten a iniciar pasos efectivos hacia su reinserción.

Los datos del observatorio de política penitenciaria de la AVT reflejan que en torno al 40% de los presos de ETA continúa en régimen cerrado, es decir, en segundo grado. Por su parte, Covite viene denunciando la concesión de “terceros grados fraudulentos” autorizados por el Gobierno Vasco y sostiene que el artículo 100.2, previsto en la Ley “con carácter excepcional”, se está aplicando “de forma sistemática” a los reclusos de la organización.

Tras la controversia generada por la salida de prisión de 'Txeroki' para trabajar durante el día, con la obligación de regresar al centro penitenciario para dormir y pasar los fines de semana, en virtud de esta flexibilización, la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, dirigió un mensaje a las víctimas en unas declaraciones públicas realizadas el pasado día 11.

“Somos conscientes de que las decisiones en cumplimiento de la normativa penitenciaria generan mucho dolor en las víctimas, lo que siento profundamente”, aseguró.

San José recalcó que el Ejecutivo es “completamente respetuoso con el Estado de Derecho y riguroso en la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico”. “En política penitenciaria se aplica y se cumplen la ley y las sentencias, y los órganos judiciales tienen su función. El funcionamiento de este engranaje es una garantía del proceso en una sociedad democrática”, defendió.

También incidió en que los presos de ETA “saldrán de prisión cuando les corresponda”, y puntualizó que a estos internos, “como al resto de la población reclusa”, se les intenta preparar para su regreso a las calles de una Euskadi “que es justo lo contrario a lo que ellos combatieron”. “A pesar del terror que quiso imponer un proyecto político, Euskadi es una sociedad plural, y hemos conseguido hacer una comunidad razonablemente cohesionada y avanzada a pesar de ellos”, apuntó.

La consejera remarcó que las víctimas “siempre estarán en el corazón de las políticas públicas” de su Departamento y se comprometió a “no perder jamás el rumbo pensando en cálculos electorales”.