El juicio por el caso Kitchen ha entrado en una de sus fases más sensibles, la investigación sobre el uso de fondos reservados del Estado para financiar la operación parapolicial dirigida contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Durante la sesión celebrada este martes en la Audiencia Nacional, varios responsables vinculados a la gestión económica de estos fondos han detallado cómo funcionaba el sistema de pagos y quién tenía capacidad para autorizar o supervisar el destino del dinero.
Las declaraciones han situado nuevamente en el centro de la causa a Eugenio Pino, quien ocupó el cargo de director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional entre 2012 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El dinero reservado y espionaje al chófer de Bárcenas
La investigación judicial sostiene que la operación Kitchen utilizó al menos 54.000 euros de fondos reservados para pagar durante casi dos años a Sergio Ríos, chófer de Luis Bárcenas y convertido presuntamente en confidente policial.
Según el sumario, los pagos ascendían a 2.000 euros mensuales entre julio de 2013 y septiembre de 2015, con el objetivo de obtener información privada y documentación vinculada al extesorero popular.
Además, la operación incluyó otros gastos sufragados con dinero público, entre ellos la compra de una pistola Glock por 700 euros, así como gastos operativos vinculados a desplazamientos, comidas y aparcamientos.
Los “cajeros” de los fondos reservados señalan a Eugenio Pino
Uno de los testimonios clave ha sido el de Diego Pérez de los Cobos, coronel retirado de la Guardia Civil y antiguo director del gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Pérez de los Cobos ha asegurado que su papel era meramente administrativo y que actuaba como una especie de “cajero”, limitándose a gestionar la distribución global de fondos sin conocer el detalle operativo de cada misión.
Según explicó ante el tribunal, la responsabilidad de verificar el destino y legalidad de esos gastos recaía en la Dirección Adjunta Operativa, encabezada entonces por Eugenio Pino.
“Nunca detecté ninguna irregularidad”, afirmó durante su declaración, insistiendo en que los informes llegaban clasificados por conceptos genéricos y sin explicaciones específicas sobre las operaciones.
Un testimonio más directo contra la cúpula policial
Más contundente resultó la declaración del comisario Felipe Eduardo Lacasa, antiguo secretario general de la DAO y responsable directo de gestionar pagos con fondos reservados. Lacasa explicó que recibió órdenes directas de Eugenio Pino para entregar dinero a varios de los policías implicados en la operación Kitchen, entre ellos José Manuel Villarejo, Enrique García Castaño y Andrés Gómez Gordo.
El excomisario aseguró que Pino gestionaba algunas operaciones “por su cuenta” y que supervisaba personalmente determinados pagos.
Además, confirmó que reconoció documentos firmados por Sergio Ríos tras recibir dinero procedente de fondos reservados.
Anticorrupción sitúa a Pino en la cúspide de Kitchen
La Fiscalía Anticorrupción considera que Eugenio Pino desempeñó un papel central en la trama y solicita para él 15 años de prisión.
El Ministerio Público sostiene que el antiguo DAO coordinó, junto al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, una operación clandestina destinada a vigilar a Bárcenas y acceder a información comprometedora.
La acusación señala que desde la estructura policial se organizó una red paralela para utilizar recursos públicos con fines ajenos a investigaciones judiciales oficiales.