QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
David Morales, al frente de la consultora militar UC Global, ha solicitado al magistrado Santiago Pedraz la anulación de su procesamiento por supuestamente vigilar a Julian Assange, fundador de Wikileaks y activista. Morales justifica su petición en las “totales contradicciones entre los escritos de acusación de Assange y el acta de manifestaciones de los testigos protegidos”.
La apelación, presentada ante la Audiencia Nacional, ha sido respaldada por Michel Wallemacq, jefe de operaciones de UC Global, y la empresa misma, encargada de la seguridad en la Embajada de Ecuador en Londres de 2015 a 2018, periodo durante el cual Assange se refugió allí.
La defensa arguye que la acusación se sustenta en “una interpretación sesgada de documentos corporativos de UC Global” y en “supuestas conexiones con agencias estadounidenses sin evidencia documental”. Además, sugiere que la orden de procesamiento “imputa de forma genérica a UC Global y a los acusados supuestas tareas de ‘espionaje’ sin concretar quién las ordenó, ejecutó o financió”.
El recurso también cuestiona la validez de las pruebas, señalando “totales contradicciones” entre la acusación de Assange y las declaraciones de los testigos, destacando “divergencias temporales”, “inconsistencias técnicas” y una “falta de corroboración” en la existencia de archivos de audio o vídeo sobre Assange, entre otras discrepancias.
En relación con los testigos protegidos, la defensa asevera que “ha quedado acreditado” que estos “firmaron unas manifestaciones preparadas por los letrados de J. Assange, que ni ellos mismos entendían ni pudieron corroborar con hechos”.
Morales, definido por Pedraz como la “máxima autoridad” de UC Global, fue contratado por Ecuador debido a la “sensible situación” del asilo de Assange. El juez ha decidido llevar a Morales a juicio por presunta vigilancia al activista, con la Fiscalía solicitando una condena de 13 años y 6 meses de prisión por diversos delitos, incluyendo descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal. Para Wallemacq, se piden tres años y seis meses de cárcel.
