QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, junto a otros dos ejecutivos de la empresa, afirmaron ante la Audiencia Nacional, en calidad de investigados, que se ajustaron a la legalidad en la comercialización de acero a Israel Military Industries (IMSI). Estas declaraciones se dieron en el contexto de una investigación por supuestos delitos de contrabando y complicidad con genocidio.
Ante el magistrado Francisco de Jorge, los implicados sostuvieron que las transacciones se realizaron sin restricciones comerciales con Israel y que Sidenor decidió suspender las entregas tres meses antes de que se oficializase el embargo por parte del gobierno, según informó la empresa a través de un comunicado.
La defensa argumentó que el acero vendido no se incluye en los listados de control especial de la regulación española o europea y que no era necesario un registro específico ni aprobación previa para su exportación. Asimismo, destacaron que no hubo notificaciones de las autoridades sobre prohibiciones excepcionales en las ventas a Israel.
Según el comunicado de Sidenor, los productos en disputa no corresponden a los definidos en el Real Decreto 679/2014 ni en el Reglamento Europeo 821/2021, y representan menos del 0,2% de sus ventas anuales. Además, la empresa cortó relaciones con Israel en julio, antes del embargo impuesto en septiembre, y canceló un envío programado en Barcelona.
Por otro lado, fuentes jurídicas indicaron que, según declaraciones de Jainaga, él desconocía estas ventas, atribuyéndolas a subordinados. Los querellantes, sin embargo, argumentaron que el acero estaba destinado a una empresa especializada en tecnología militar y que los directivos estaban plenamente conscientes de la naturaleza del comprador.
