La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra celebrará la próxima semana dos vistas orales contra dos hombres acusados de delitos de agresión sexual a menores de edad, para los que la Fiscalía reclama penas de 5 años y de 4 años y cinco meses de prisión, respectivamente.
El primero de los juicios tendrá lugar este martes, cuando será enjuiciado un varón que, en septiembre del año pasado, supuestamente agredió sexualmente a una niña en el portal del inmueble en el que ambos vivían.
Para este acusado, el ministerio público interesa una condena de 5 años de cárcel y la imposición de libertad vigilada durante otros 5 años una vez cumplida la pena, con la obligación de participar en programas formativos de educación sexual. Además, solicita la privación de la patria potestad o la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante siete años, así como la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad, remunerada o no, que suponga contacto directo y habitual con menores de edad por un periodo de diez años.
La Fiscalía también pide que se le prohíba acercarse o comunicarse con la menor durante 7 años y que la indemnice en 2.000 euros por los daños morales causados.
En cuanto al segundo procedimiento, el miércoles se juzgará a otro hombre por otra presunta agresión sexual a una menor, en este caso aprovechando una relación de parentesco, al ser ascendiente directo de la víctima. Los hechos se sitúan en 2024, en la vivienda en la que convivían.
Para este acusado, la acusación pública reclama una pena de 4 años y 5 meses de prisión, junto con la prohibición de acercarse a la menor o a su domicilio a menos de 300 metros durante 3 años, además de la prohibición de comunicarse con ella.
Asimismo, solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela, guarda de hecho o acogimiento de menores durante 5 años; y la inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público, profesión u oficio que implique contacto directo y regular con menores por un periodo superior en 6 años al de la pena de prisión que finalmente se imponga. También interesa la medida de libertad vigilada por cinco años, con la obligación de someterse a programas de reeducación sexual.
En el ámbito de la responsabilidad civil, el ministerio público reclama que indemnice a la menor con 4.200 euros por los más de 100 días en los que precisó tratamiento psicológico, y con otros 3.000 euros en concepto de daños morales.