La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 1 de Vera (Almería) ha llamado a comparecer como testigos a dos “altos funcionarios” del Ayuntamiento de Garrucha dentro de las diligencias abiertas por una presunta malversación atribuida al exconcejal de Urbanismo José Antonio Gallardo (PSOE), a quien el Consistorio responsabiliza de “autorizar” la compra de materiales de construcción destinados, supuestamente, a fines particulares.
Según ha precisado el Ayuntamiento, estas declaraciones testificales se han fijado para el próximo 4 de febrero, después de que la Audiencia de Almería ordenara proseguir con la causa tras estimar un recurso presentado por el propio Consistorio.
La investigación se centra en la posible autorización irregular de retirada de materiales de construcción por un valor superior a 200.000 euros, que se habrían empleado en obras privadas sin justificación ni respaldo documental en el expediente administrativo, de acuerdo con la denuncia formulada por el actual equipo de gobierno municipal encabezado por el PP.
Para el equipo de gobierno, las manifestaciones de los testigos serán “claves” para aclarar cómo se gestionaron esos materiales vinculados a recursos públicos y para concretar si existe responsabilidad administrativa o penal de las personas que intervinieron en la tramitación o supervisión de dichos procedimientos.
El Ayuntamiento de Garrucha ha reiterado su disposición a colaborar con la justicia y ha subrayado que “todas las actuaciones administrativas han sido puestas a disposición del juzgado para contribuir a la transparencia y al esclarecimiento definitivo de los hechos”.
En la denuncia, el Consistorio detalla un total de 20 facturas y albaranes por un importe global de 31.460,58 euros que considera sospechosos, al no figurar documentación relativa a contratación o subvención que “dé soporte a los distintos pagos”.
Igualmente, se recoge que las entregas de materiales se reflejaron “en calles del municipio donde no se ha realizado obra o mejora alguna” y que “más bien, examinadas las mismas y habida cuenta su contenido, sugieren que los materiales han sido empleados en la construcción o reforma de viviendas particulares”.
En este sentido, los denunciantes señalan que las retiradas y el pago de estas facturas eran “autorizados” por el exconcejal de Urbanismo, ya que en la documentación aparecen menciones a posibles trabajos privados como “obra caraco” u “obra fifi”, además de otras referencias que tampoco se corresponderían con actuaciones municipales, donde figuran zócalos, butanos, terrazos, claraboyas o porcelánicos, entre otros materiales.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP en coalición con ediles de Para la Gente, tampoco se hallaron indicios de que estas operaciones pudieran estar amparadas por subvenciones, al tiempo que recordaron que “la realización de entregas de material a terceros es un acto del todo arbitrario, anómalo y no ajustado a derecho”.