La Audiencia Provincial de Baleares ha impuesto una pena de dos años de prisión a una mujer por apropiarse de más de tres millones de euros obtenidos por la venta de una vivienda en Mallorca al futbolista del FC Barcelona Robert Lewandoski.
La vista oral debía celebrarse en la mañana de este martes, pero la acusada admitió los hechos antes de iniciarse la sesión y las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad que evitó la celebración del juicio.
En virtud de ese pacto, la mujer ha sido sentenciada a dos años de cárcel, a una multa cercana a 1.440 euros y a abonar 1,62 millones de euros a los socios de la mercantil perjudicada, al considerársele responsable de delitos de apropiación indebida y administración desleal.
El tribunal ha decidido dejar en suspenso el ingreso en prisión, siempre que no vuelva a delinquir y cumpla con el pago de la responsabilidad civil, al no constarle antecedentes penales y no superar la condena los dos años de duración.
La resolución judicial se ha declarado firme, puesto que las partes personadas ya han anunciado que la recurrirán, según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TJSIB).
De acuerdo con el escrito de acusación del fiscal, los hechos se remontan a junio de 2021. La encausada, como administradora única de una sociedad, cerró la operación de compraventa de una casa situada en la urbanización Nova Santa Ponsa —propiedad de la empresa— con Lewandoski.
El delantero polaco, por medio de su esposa, emitió en el mismo acto de firma de la escritura pública un cheque a favor de la sociedad por 3,51 millones de euros, cantidad que la acusada ingresó en una cuenta corriente abierta por ella misma a nombre de la compañía —de la que poseía el 25% de las participaciones— pocos días antes.
En las semanas siguientes, la mujer efectuó numerosos movimientos bancarios con los que, sin causa que los justificara, transfirió 3,1 millones de euros a su cuenta particular.
Además, la operación de venta del inmueble se llevó a cabo sin que el resto de socios de la empresa tuviera conocimiento de la misma y sin convocar la junta general preceptiva que exige la ley de sociedades de capital.