Dos hermanos han asumido este viernes ante la Audiencia Provincial de Lugo una condena de seis meses de prisión y una multa de 630 euros por una agresión homófoba ocurrida en un local de ocio nocturno de Viveiro (Lugo). Ambos admitieron su responsabilidad en delitos contra los derechos fundamentales o contra la integridad moral y de lesiones, lo que ha permitido rebajar la petición inicial de dos años de cárcel.
Los hechos tuvieron lugar en octubre de 2023, cuando la víctima se encontraba de madrugada en un bar acompañada de dos amigas, a las que los acusados comenzaron a molestar. Tras recriminarles su comportamiento hacia ellas, los hermanos reaccionaron con insultos homófobos, profiriendo expresiones como: “Eres un puto maricón”; “te vamos a dar una paliza” o “te queremos ver muerto por maricón”.
El afectado trató de apaciguar la situación y, pese a seguir recibiendo insultos, logró cierta calma hasta que abandonó el local unos 30 minutos después. Fue entonces cuando los dos acusados lo abordaron en el exterior y lo agredieron físicamente, asestándole varios golpes y puñetazos por distintas partes del cuerpo, rompiéndole la ropa y llegando incluso a morderle un dedo.
Como consecuencia de la paliza, la víctima perdió la consciencia y tuvo que ser auxiliada por las personas presentes en el lugar. Posteriormente fue trasladada en ambulancia al centro de salud de Viveiro y, más tarde, derivada al hospital de Burela para continuar con la atención sanitaria.
Antes de la celebración del juicio, la Fiscalía y la acusación particular, por un lado, y los dos letrados de la defensa, por otro, alcanzaron un acuerdo que evita el ingreso efectivo en prisión. La pena queda suspendida con la condición de que los condenados no vuelvan a delinquir en los próximos tres años y abonen íntegramente la indemnización fijada en 4.000 euros. El pago se realizará de forma fraccionada: 1.000 euros el mes próximo y después cuotas mensuales de 150 euros hasta completar la suma.
Además, los hermanos deberán resarcir al Sergas con 361,59 euros por los gastos de la asistencia médica prestada a la víctima. También se mantiene en vigor una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la persona agredida durante un periodo de tres años, así como la retirada del permiso de armas por el mismo tiempo.