Ecologistas en Acción ha mostrado su malestar porque el juicio contra la antigua dirección de Sniace por los vertidos contaminantes al río Saja-Besaya, que arrancará el lunes día 13, vaya a desarrollarse 16 años después del "desastre ambiental".
La organización ecologista se pronuncia así tras conocerse la nueva fecha de este procedimiento, que debe repetirse después de que, hace casi dos años, la Audiencia Provincial de Cantabria anulara parcialmente la vista oral celebrada en 2021 y la sentencia que impuso tres meses y medio de cárcel a varios exconsejeros de la factoría de Torrelavega y al jefe de operaciones por los vertidos al río entre 2008 y 2010 sin autorización.
El primer juicio se celebró en el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Santander, presidido por su entonces titular, el juez José Hoya Coromina, hoy jubilado. La nueva vista se desarrollará ante la Plaza 2 del Tribunal de Instancia del mismo partido judicial, con sesiones previstas durante dos semanas a partir de las 9.00 horas.
Tras fijarse el nuevo calendario, Ecologistas ha denunciado que la Justicia "llega 16 años tarde a un desastre ambiental de 50 millones de euros".
Para el colectivo, este procedimiento no solo enjuicia un posible delito contra el medio ambiente, sino que "pone de manifiesto las graves carencias estructurales de un sistema judicial que, por su lentitud, corre el riesgo de volverse inoperante".
En una nota pública, el grupo ha expresado su "profunda preocupación" por el tiempo transcurrido --más de 15 años-- entre los vertidos y la celebración efectiva del juicio, un retraso "plagado de circunstancias no habituales", entre ellas diversos recursos, la anulación de una sentencia, la apertura de expediente al magistrado que juzgó inicialmente los hechos y su posterior jubilación.
Según Ecologistas, esta "dilación indebida no es un caso aislado, sino el síntoma de una maquinaria administrativa y judicial que parece avanzar con una inercia distinta cuando se trata de delitos de cuello blanco o agresiones al patrimonio natural".
A su entender, cuando una resolución judicial se dicta casi veinte años después, "el efecto disuasorio de la ley desaparece y el descrédito de las instituciones aumenta".
La organización alerta de que la "complejidad técnica" de los procedimientos ambientales, unida a la "escasez de medios especializados" en la fase de instrucción, provoca "un escenario de inercia procesal" en el que los plazos se alargan hasta rozar "la desprotección del bien común".
"Esta falta de agilidad administrativa termina operando, en la práctica, como un atenuante que beneficia exclusivamente a quienes vulneran la normativa vigente", ha censurado el colectivo.
Ante estas "carencias" en un sistema "que permite que causas de esta magnitud queden "olvidadas en los cajones de los juzgados", Ecologistas reclama como "urgente" reforzar con más medios técnicos y personales las fiscalías de medio ambiente y acelerar la toma de decisiones "para evitar que la justicia sea, simplemente, un trámite tardío que solo certifica daños ya irreparables".
"El sistema judicial no puede permitirse estos tiempos de respuesta si pretende ser un muro de contención eficaz contra la degradación de nuestro patrimonio natural", ha aseverado.
Además, subraya que el procedimiento penal que se va a repetir no se limita a depurar responsabilidades individuales: también se dirime una reclamación de la Confederación por los daños causados al Dominio Público Hidráulico (DPH), que se eleva a casi 50 millones de euros.
En este punto, Ecologistas advierte de las "dificultades" para hacer efectiva una indemnización de este volumen en el actual contexto de liquidación y proceso concursal de la empresa, ya muy avanzado.
Un proceso judicial plagado de incidencias
Los hechos se juzgaron por primera vez en febrero de 2021 y, en septiembre de ese año, el juez Hoya Coromina dictó sentencia condenando al expresidente de Sniace, Blas Mezquita, a otros seis exconsejeros (Jesús Manuel Zaballa, Manuel Huerta, Antonio Temes, Víctor Guzmán, Julio A. García y Juan Yago) y al entonces jefe de operaciones de la planta, José Francisco González. A este último se le consideró autor penalmente responsable de un delito contra el medio ambiente, mientras que a los anteriores se les atribuyó la comisión por omisión.
Todos ellos recibieron la misma pena de prisión y siete meses de inhabilitación para actividades vinculadas con vertidos al medio natural, además de la obligación de indemnizar a la Confederación por el daño ocasionado, siendo Sniace declarada responsable civil subsidiaria.
Sin embargo, en octubre de 2022, la Audiencia Provincial de Cantabria anuló la sentencia de instancia —que había aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas— y ordenó completar la práctica de prueba citando como testigos a Francisco Martín, entonces consejero de Medio Ambiente del Gobierno regional, y a Miguel Gómez de Liaño, también miembro del Consejo de Administración de Sniace.
Ambos debían declarar ante el mismo Juzgado de lo Penal n.º 2, para que este dictara una nueva resolución valorando esas testificales junto con la prueba de descargo y el resto de elementos ya practicados.
No obstante, en enero de 2023, el todavía magistrado del Juzgado de lo Penal 2 ratificó su fallo inicial, pese a haber sido anulado por la Audiencia y sin haber tomado las declaraciones ordenadas, lo que motivó un nuevo recurso de los exconsejeros.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial examinó las apelaciones y las estimó parcialmente, acordando anular de nuevo, esta vez de forma parcial, el juicio y la sentencia para completar la prueba y dictar otra resolución.
Paralelamente, los magistrados remitieron al Consejo General del Poder Judicial copia de la sentencia ahora anulada y de las dos anteriores, con el fin de que el órgano de gobierno de los jueces valorase la actuación del titular del Juzgado de lo Penal 2 de Santander y determinase si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad.