Ecologistas en Acción ha remitido a la Audiencia Nacional el informe técnico elaborado por la Comisión Europea en 2019, en el que se daba de margen hasta finales de 2021 al Gobierno de España para detallar los avances en la puesta en marcha del plan para la “remediación” de la contaminación radiológica de Palomares (Almería), actuación que la organización ecologista reclama al Ministerio para la Transición Ecológica ante los tribunales.
Este documento acompaña al escrito final de conclusiones con el que se solicita a la Sala de lo Contencioso-administrativo que imponga un calendario concreto para la limpieza integral del área afectada. El informe fue redactado por la Dirección General de Energía de la Comisión Europea tras la inspección realizada por un equipo de verificación entre el 18 y el 20 de junio de 2019, al amparo del artículo 35 del Tratado Euratom, que obliga a los Estados miembro a disponer de sistemas de control continuo de la radiactividad en aire, agua y suelo.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el grupo de expertos constató que las recomendaciones formuladas ya en 2010 sobre la remediación de las zonas contaminadas de Palomares seguían sin aplicarse. Por ello, reclamó un informe de seguimiento sobre las modificaciones en los sistemas de vigilancia antes de que terminara 2020, así como datos sobre el avance en la ejecución del plan antes de finalizar el año siguiente. A partir de esa información, el organismo comunitario no descarta organizar una nueva misión de verificación.
“Este incumplimiento obligará a la Comisión Europea a llevar a cabo una nueva verificación y posible imposición de sanciones”, han avisado en su escrito desde Ecologistas, que, tomando como base el Plan de Rehabilitación de Palomares ya aprobado, piden que se establezca un plazo “máximo” de tres años para dejar la zona “libre de radioactividad”.
La organización sostiene que bastaría una orden del Miteco para iniciar la descontaminación mediante la retirada y almacenamiento de unos 6.000 metros cúbicos de suelos afectados por americio y plutonio, actualmente delimitados y bajo custodia del Ciemat.
La asociación recuerda que, tras el accidente de 1966 provocado por la colisión de dos aviones estadounidenses que transportaban bombas termonucleares, la intervención posterior de Estados Unidos dejó 16,6 hectáreas con residuos radiactivos enterrados a 30 centímetros de profundidad y otras 87 hectáreas con restos radiactivos a 25 centímetros de profundidad.
“También construyeron dos enormes fosas de 1.000 y 3.000 metros cúbicos y las llenaron de residuos radiactivos. Otras zonas las dejaron como estaban y así perduran hasta nuestros días”, han subrayado, incidiendo en que la Administración norteamericana solo retiró “1.000 metros cúbicos de material radiactivo”.
Enterramientos “clandestinos” y almacenes “ilegales”
Para Ecologistas, aquella intervención se tradujo en enterramientos “clandestinos” de residuos radiactivos “sin respetar la normativa que ya estaba vigente en 1966”, mediante dos fosas que “no tienen la calificación administrativa de instalación nuclear puesto que se construyeron sin expediente alguno”, pese a albergar “ilegalmente un total de 4.000 metros cúbicos de material radiactivo al aire libre y sin medida de seguridad alguna”, más allá de “una simple alambrada”.
A estos depósitos “ilegales”, añaden, se suman los efectuados con posterioridad “en los dos contenedores para verduras depositados” en diferentes puntos de la pedanía, instalados en 2018. “También es un almacén ilegal la caseta situada en el centro del pueblo con residuos radiactivos”, han apuntado.
En consecuencia, la organización rechaza el criterio de la Abogacía del Estado, que niega que Palomares sea un supuesto de “exposición existente”, ya que, a su juicio, se trata de una situación de “ilegalidad palmaria”. Según sostienen, el Ministerio “tiene obligación de poner término” a este escenario fijando un plazo al Ciemat, como titular de los terrenos, “para que proceda a la retirada de los residuos radiactivos”.