Edmundo Rodríguez Achútegi destaca la importancia del nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal

Edmundo Rodríguez Achútegi enfatiza que el nuevo proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal es crucial para modernizar el sistema penal español.

Archivo - El integrante del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez Achútegui.EUROPA PRESS - Archivo

Edmundo Rodríguez Achútegi, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y magistrado en la Audiencia Provincial de Vizcaya, ha subrayado la necesidad del proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, calificándolo de «imprescindible» y como una respuesta a una demanda histórica que situaría el proceso penal español «a nivel europeo».

En una entrevista con Radio Popular-Herri Irratia, Rodríguez Achútegui ha indicado que este cambio legal era «imprescindible» dado que el procedimiento penal actual todavía muestra vestigios de un antiguo sistema inquisitivo. Ha mencionado avances en legislaciones previas como la Ley de Menores y la Ley del Jurado, así como la integración con la Fiscalía Europea, pero recalca que el sistema actual sigue siendo anticuado.

«Tenemos un juez de Instrucción que decide cómo, dónde, hasta dónde y a qué personas se investiga. Eso ahora mismo solo lo puede controlar el sistema de recursos y se quiere cambiar eso», explicó, añadiendo que el proyecto propone un juez de garantías para asegurar la imparcialidad y proteger los derechos fundamentales en el proceso.

Además, destacó que el anteproyecto fue iniciado por Alberto Ruiz Gallardón, ex ministro de Justicia del PP, y que ha incorporado contribuciones significativas de diversos sectores jurídicos. Rodríguez Achútegui lamentó que la reforma se perciba a veces más como un movimiento político que como una necesidad legal y procesal evidente.

Finalmente, el magistrado ha remarcado que, de ser efectiva, la ley mejoraría considerablemente las garantías procesales y la independencia judicial, alineando a España con los estándares europeos y modernizando un sistema que aún opera con normativas del siglo XIX.

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