El Ejecutivo ha desestimado las demandas impuestas por el PP tras la dimisión de Álvaro García Ortiz para su sucesor en el cargo de fiscal general del Estado, destacando que estas no fueron acordadas con el PSOE durante la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado las exigencias de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien solicita que el próximo fiscal general tenga el respaldo del CGPJ —aunque su informe actualmente no es determinante— y que el candidato sea un jurista de ‘reconocido prestigio con más de 20 años en la profesión’, en lugar de los 15 años que se requieren ahora, entre otros requisitos.
La vicepresidenta ha reprobado a Feijóo por su desconocimiento sobre el procedimiento de nombramiento y por sugerir ‘ocurrencias pidiendo que el informe’ del CGPJ sobre el candidato propuesto por el Gobierno ‘sea vinculante’, ya que ‘las normas que lo desarrollan no vienen a la carta’.
De igual manera, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que el Gobierno se limitará a ‘cumplir la ley y no crear requisitos inexistentes’ en ella, recordando que ‘una ley que en cuanto a requisitos y condiciones para ser fiscal general del Estado se pactó con el Partido Popular para renovar el CGPJ’ el año pasado, después de varios años de estancamiento.
Bolaños ha enfatizado que ‘ninguna de las condiciones de Feijóo fueron pactadas en aquel acuerdo’, excepto la de no haber ocupado cargos políticos relevantes en los últimos cinco años.
Además, el ministro ha criticado a los detractores de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que delegaría las investigaciones penales a los fiscales, quienes argumentaban que no se podía aprobar porque el fiscal general estaba procesado. ‘Ahora deberán cambiar de parecer o apoyar, lo cual sería lo sensato, una nueva LECrim’, concluyó Bolaños.