El manifestante al que los Mossos d'Esquadra identificaron como supuesto responsable de una agresión a un agente durante una movilización contra la visita del Rey Felipe VI a la abadía de Montserrat (Barcelona) el 23 de junio de 2025 ha promovido una demanda de conciliación contra la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, a raíz de unas declaraciones que realizó la semana pasada en el Parlament.
La petición de conciliación, registrada este jueves por el abogado Jaume-Alonso Cuevillas, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelantó 'El Món', expone que “la consellera de Interior ha imputado al manifestante la comisión de una agresión contra un agente de los Mossos d'Esquadra”, pese a que un auto del Tribunal de Instancia de Manresa (Barcelona) acordó el sobreseimiento libre de la causa.
En aquella resolución, el juez detalló que, tras revisar las grabaciones aportadas por la defensa, se observa que el manifestante llevaba una caña de pescar utilizada como mástil de una 'estelada' y que, cuando un agente tira de la bandera, la caña “contacta” con la oreja de otro mosso.
El magistrado concluyó que no se apreciaba “intencionalidad alguna en este hecho”, al considerar que el manifestante no pretendía causar daño al agente, motivo por el que decidió archivar las diligencias.
Pese a ello, Parlon manifestó en sede parlamentaria que “en ningún momento el juez está cuestionando la veracidad de la percepción del agente, lo que está diciendo es que no hay intencionalidad, no está diciendo que sea mentira ni la agresión ni la lesión”.
Imputación “falsa y lesiva” y petición de retractación
El letrado del manifestante sostiene que, con estas palabras, la consellera le atribuye la autoría de una agresión y que dicha imputación es “falsa y lesiva”, al haberle generado un importante daño personal al presentarlo públicamente como responsable de un presunto delito grave de agresión contra la autoridad.
En consecuencia, la demanda reclama que Parlon admita que las manifestaciones realizadas en el Parlament “no se ajustan a la veracidad de los hechos producidos y son radicalmente falsas”, que se desdiga de forma pública, clara e inequívoca, afirmando que el manifestante no cometió delito de atentado ni agresión, y que asuma el compromiso de no reiterar estas afirmaciones en ningún ámbito público o institucional.