Un hombre se sienta en el banquillo acusado de un delito de agresión sexual con introducción de miembros corporales contra una mujer --ambos mayores de edad--, supuestamente cometido en septiembre de 2021 en la vivienda que compartían en A Coruña. El procesado ha rechazado de forma tajante las imputaciones y ha reiterado que “no hubo tocamientos, no hubo relación sexual, no hubo nada”.
“Era como una hermana pequeña para mí”, ha señalado, explicando que la joven se trasladó a su domicilio porque los padres de ambos --procedentes de la República Dominicana-- eran “amigos” y le “pidieron ese favor”.
El juicio se celebra este miércoles y jueves en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde el acusado ha insistido en su inocencia. “Yo sé que soy inocente, que no hice eso, estoy segurísimo de que yo no la toqué en ningún momento”, ha repetido en varias ocasiones ante el tribunal.
Durante su testimonio, ha subrayado que el día de los hechos “estaba cojo” y “necesitaba ayuda prácticamente para todo”. “Me rompí tibia y peroné nueve meses antes”, ha indicado. Según su versión, la joven estuvo “perreando” con él en la casa mientras le ofrecía bebidas alcohólicas. “Intentó emborracharme”, ha afirmado.
Restos biológicos y versión del acusado
En relación con el ADN del acusado detectado en el lavado vaginal practicado a la denunciante tras acudir a los servicios médicos, el hombre ha defendido que “la única lógica que hay es que ella cogió un preservativo usado y se lo colocó ella misma”. Ha añadido que “yo tengo relaciones con mi mujer todas las mañanas antes de ir a trabajar”, recordando que su pareja también residía en el mismo piso.
Preguntado por las razones que, a su juicio, habrían motivado la denuncia, el procesado ha aludido a “celos y envidia” por parte de la joven. “Porque no quería dejar a mi novia”, ha sostenido. Pese a ello, ha manifestado que la mujer “nunca” le planteó ni “intentó tener relaciones” con él.
Solicitudes de pena y postura de las partes
La Fiscalía interesa para el acusado una condena de nueve años de prisión y reclama que se acuerde el cumplimiento íntegro de la pena, con sustitución posterior por la expulsión del territorio español cuando acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional. La acusación particular eleva la petición hasta los diez años de cárcel.
Además, el Ministerio Público solicita que, una vez cumplida la pena privativa de libertad, se impongan siete años de libertad vigilada. Igualmente, pide una indemnización de 23.000 euros a favor de la denunciante por “el daño moral ocasionado”.
Por su parte, la defensa mantiene la petición de absolución total. “Negamos cualquier tipo de relación pues no pasó absolutamente nada entre ellos”, ha manifestado su abogado en declaraciones a Europa Press antes del inicio de la vista oral.