El esqueleto del hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), continúa erguido, imponente y sin uso cuando se cumplen este sábado 20 años de la decisión judicial que ordenó en cuestión de días frenar por completo las obras. Aquel auto, todavía vigente dos décadas después, se dictó como medida cautelar para salvaguardar el litoral del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
En la actualidad, una expropiación aún en fase inicial y una licencia urbanística con serias posibilidades de ser anulada avanzan a la vez, aunque lentamente, con la vista puesta en el derribo de un complejo que se ha transformado en emblema de la especulación urbanística. El edificio pasó de ser el "sueño de Carboneras" a una "pesadilla", según palabras de su actual alcalde, Salvador Hernández, de la que el municipio no logra despertar.
Cuando apenas faltaban dos meses para inaugurar el hotel y arrancar la campaña de Semana Santa, el juez Jesús Rivera ordenó detener los trabajos a instancias del colectivo conservacionista Salvemos Mojácar. En su resolución ya señalaba los elementos clave de la compleja batalla judicial posterior, de la que han ido surgiendo alrededor de una quincena de sentencias y decenas de autos.
La asociación promotora del recurso, a la que se sumaron Greenpeace y Ecologistas en Acción, alertaba de que aquella gran estructura blanca de hormigón, ya ejecutada al 95 por ciento, se levantaba sobre suelos protegidos y se introducía en la playa, ocupando la franja de servidumbre de protección de 100 metros del dominio público marítimo-terrestre. Con el paso del tiempo, los tribunales han respaldado esta tesis.
El frente urbanístico ha quedado despejado esta misma semana, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio por cumplida la sentencia que obligaba al Ayuntamiento de Carboneras a adaptar su planeamiento y a catalogar esos terrenos como no urbanizables de especial protección.
La Sala acordó el archivo definitivo de las actuaciones el 16 de febrero tras comprobar que el Consistorio publicó el 12 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el acuerdo por el que la calificación de los suelos de los sectores ST-1 de El Algarrobico y ST-2 de El Canillar retornaba a su condición original, al menos sobre el papel. De este modo, se impide iniciar nuevas promociones y continuar las ya existentes.
Una revisión de licencia que se eterniza
Pese a ello, después de 3.700 días desde aquel primer auto, el edificio sigue en pie y permanece abierta la vía para ejecutar otra resolución clave: la que obliga al Ayuntamiento a revisar la licencia de obras otorgada a la promotora Azata del Sol el 13 de enero de 2003 por su aparente "ilegalidad", fundamentalmente por vulnerar la Ley de Costas.
Aunque esta es la opción preferida por la Junta de Andalucía para llegar a la demolición del inmueble, los grupos ecologistas han denunciado en repetidas ocasiones las "artimañas" del Consistorio para dilatar —ya más de tres años— un procedimiento que permitiría iniciar el expediente de derribo, pero que también podría abrir la puerta a reclamaciones millonarias de la promotora. Azata mantiene ya un procedimiento por posible responsabilidad patrimonial.
Tras varios requerimientos, con avisos de sanciones económicas e incluso de acudir a la vía penal por desobediencia, el Ayuntamiento de Carboneras puso en marcha el 11 de julio el expediente de revisión del permiso municipal mediante un acuerdo plenario. Sin embargo, no lo remitió al Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) hasta el 7 de diciembre y lo hizo "incompleto", lo que provocó la paralización del trámite.
Greenpeace, que esta semana ha vuelto a pedir multas para el regidor, considera caducado el expediente al haber pasado más de seis meses desde su inicio. Ello obligaría a reiniciar todo el proceso administrativo, algo que la organización interpreta como una estrategia municipal para simular que se cumple la sentencia mientras, en la práctica, se deja correr el tiempo hasta que expiren los plazos.
La expropiación del Gobierno, en los tribunales
En paralelo a los pasos del Ayuntamiento, el Gobierno central ha optado por abrir una vía propia para hacerse con los terrenos del hotel mediante expropiación, aunque solo sobre casi la mitad de la superficie, que es la parte situada en dominio público marítimo-terrestre y sobre la que tiene competencias directas.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció a pie de hotel el 12 de febrero de 2025 el plan para expropiar parcialmente los suelos como fórmula más ágil para recuperar el entorno. Sus previsiones iniciales hablaban de un plazo de cinco meses, pero el procedimiento se ha enredado y también ha acabado en manos de la justicia.
Aunque el TSJA rechazó las medidas cautelares planteadas por Azata para detener la expropiación forzosa, el fondo del asunto continúa en estudio mientras la Sala solicita documentación antes de pronunciarse sobre la legalidad del proceso.
Al mismo tiempo, se avanza para que un jurado provincial de expropiación determine la cuantía con la que indemnizar los suelos, dada la enorme distancia entre la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, que ofreció 16.500 euros, y la pretensión de Azata, que reclama 44,5 millones de euros.
El Ejecutivo, que ha pedido en reiteradas ocasiones a la Junta de Andalucía que se incorpore a este procedimiento, aspira a quedarse con la superficie afectada por la servidumbre de protección, que calcula en unos 16.432 metros cuadrados. Según el catastro, el hotel ocupa en total 32.654 metros cuadrados.
La otra mitad del complejo se ubica en suelos protegidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, ya declarados no urbanizables, sobre los que la Junta de Andalucía ostenta competencias. En este ámbito no se ha iniciado ningún expediente, aunque la Administración autonómica llegó a explorar hace años su derecho de retracto.
Entre la compleja madeja jurídico-administrativa, los procesos de expropiación en marcha y el choque de valoraciones millonarias, el que es uno de los hoteles más conocidos de España sigue en pie sin haber alojado jamás a un solo cliente. Todo queda pendiente de una resolución definitiva que aclare si debe —y de qué manera— ser demolido para devolver la vista limpia al paraje privilegiado de la costa almeriense.