El Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este martes que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de una promoción levantada sobre suelo municipal en Playa de San Juan, tras la controversia generada en los últimos días. Con esta actuación se pretende esclarecer si algún empleado público pudo incurrir en posibles "irregularidades" durante el procedimiento.
Así lo ha explicado el vicealcalde, Manuel Villar (PP), en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, donde ha detallado que la remisión del caso al Ministerio Público responde también a la "falta de competencias" del propio consistorio para investigar en profundidad lo sucedido.
Villar ha confirmado, además, que Rocío Gómez ha registrado ya su renuncia como concejala del Ayuntamiento, cargo en el que asumía la responsabilidad del área de Urbanismo dentro del gobierno municipal del PP. Igualmente, ha avanzado que este jueves se celebrará un pleno extraordinario en el que el alcalde, Luis Barcala, ofrecerá "explicaciones" sobre la situación.
La dimisión de Gómez se hizo pública el pasado viernes, después de trascender que figuraba entre las adjudicatarias de estas viviendas. La exedil argumentó su marcha en la voluntad de apartarse del puesto "para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación" solicitada.
A esta salida se suma la de María Pérez-Hickman, que dejó su puesto como directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el propio Ayuntamiento, tras conocerse informaciones en medios de comunicación que apuntan a que varios familiares suyos habrían resultado beneficiarios de VPP.
En paralelo, la Generalitat ha incoado un expediente a un funcionario por un visado relacionado con esta misma promoción, al ser esposo de una de las solicitantes y, presuntamente, no haber incluido datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que formaba parte.
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