El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha decidido incoar diligencias previas tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Maracena contra el que fuera regidor del municipio entre junio de 2023 y abril de 2024, Julio Pérez (PP).
La acción judicial, promovida por el actual equipo de gobierno (PSOE, IU y Maracena Conecta), se dirige por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
Según la denuncia, el exalcalde habría ordenado supuestamente la contratación de una empresa especializada para elaborar informes económicos y patrimoniales sobre distintas personas y entidades.
Entre los destinatarios de esos informes figuraban presuntamente “miembros de la oposición municipal, personas sin relación con expedientes administrativos del Ayuntamiento e incluso empresas vinculadas a integrantes de su propio partido político”.
Los informes técnicos incorporados al procedimiento apuntan que esas consultas se llevaron a cabo “sin que conste procedimiento administrativo alguno, sin expediente que justificara su necesidad y sin registro oficial que acreditara una finalidad pública”, según detalla el Consistorio en un comunicado.
Asimismo, los servicios municipales habrían ratificado que “ninguna de las áreas consultadas solicitó ni recibió dichos informes, lo que refuerza la sospecha de que se actuó al margen de la actividad ordinaria del Ayuntamiento, apropiándose presuntamente de dichos informes para usos diferentes del público”.
El portavoz socialista en el Gobierno local, Antonio García Leiva, sostiene que lo sucedido evidencia “un patrón especialmente grave de utilización de instrumentos de la administración para recabar información sobre adversarios políticos, empleando para ello dinero público y recursos institucionales”.
En esta misma línea, ha subrayado que el propio exalcalde “admitió en pleno que estaba investigándonos porque decía que era su obligación como alcalde, arrogándose competencias judiciales”.
La denuncia también incide en la supuesta contratación directa de una abogada externa para representar al Ayuntamiento en causas judiciales contra miembros de la oposición, una actuación que, según se recoge, “se habría realizado sin seguir los requisitos legales exigidos para que una administración pública pueda ejercer acciones judiciales”.
En particular, se indica que el entonces regidor habría “firmado personalmente una hoja de encargo profesional con unos honorarios iniciales de 10.000 euros más IVA, prescindiendo del procedimiento de contratación pública y sin contar con el dictamen jurídico previo exigido por la normativa de régimen local y por el propio acuerdo plenario”.
De acuerdo con los servicios jurídicos municipales, los hechos relatados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, por la presunta adopción de decisiones arbitrarias, y de malversación de caudales públicos, por el supuesto uso de fondos del Ayuntamiento para fines ajenos al interés general.