La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha arrancado este lunes la primera de las cinco sesiones seguidas del juicio contra los cinco procesados por el supuesto transporte de cerca de 3.000 kilos de cocaína a bordo del pesquero “Simione”, interceptado por la Guardia Civil en diciembre de 2022 cuando se aproximaba a la costa gallega.
En la vista, el entonces responsable del timón del barco, José Antonio C.R., se ha retractado de lo que declaró ante el juzgado de instrucción, donde había señalado al armador del buque, el empresario vigués Pablo G.F., como la persona que lo contrató para la operación.
Ahora dirige la acusación hacia un tercer individuo como máximo responsable del envío. “Ahora digo la verdad”, respondió cuando se le cuestionó por las diferencias con su testimonio anterior.
Ha insistido en que, por “miedo”, se niega a revelar la identidad de ese supuesto hombre, ya que él “tiene familia” y teme posibles represalias sobre sus allegados. Por ese motivo, ha explicado, en un primer momento implicó al armador como quien lo había contratado.
Con todo, sí ha admitido que durante la travesía mantenía contacto diario con Pablo G.F., aunque ha remarcado que se trataba de cuestiones de “averías” del buque, al que describió como “maldito” por los continuos fallos mecánicos que sufrió durante el viaje.
Al ser interrogado sobre si, una vez cargada la droga, el empresario vigués le ordenó deshacerse de un teléfono móvil y sustituirlo por otro, el capitán contestó afirmativamente, aunque afirmó desconocer el “por qué” de esa orden poco habitual.
También ha relatado que fue Pablo G.F. quien le facilitó unas coordenadas escritas a mano que lo dirigían hacia Senegal. Sin embargo, las coordenadas del punto en alta mar donde debían recoger la cocaína no se las habría entregado este empresario, sino el mencionado tercer hombre, y en este caso no constaban por escrito.
Motín a bordo y versiones de la tripulación
El capitán ha añadido que varios marineros protagonizaron un motín cuando supieron que el viaje estaba ligado al tráfico de estupefacientes, llegando él a recibir dos puñaladas. A raíz de ese incidente, se vieron obligados a regresar a tierra para desembarcar a los amotinados, quedando finalmente solo tres personas en el “Simione”: él mismo, el jefe de máquinas y otro tripulante.
Tanto el armador como este último tripulante, de nacionalidad angoleña, han pedido declarar al final del juicio. En la sesión de la mañana sí prestaron testimonio el jefe de máquinas y el quinto acusado, que no embarcó pero supuestamente se ocupaba del acopio y distribución de la droga en tierra.
Este último sostuvo que no conocía al armador con anterioridad, que solo supo de su existencia tras ser arrestado y que lo vio por primera vez en los calabozos.
Por su parte, el jefe de máquinas del “Simione” reconoció que él “se imaginó” que el encargo estaba relacionado con la droga al ver la elevada remuneración, unos 15.000 euros. También afirmó que el armador le comentó que le entregaría unas coordenadas, algo que finalmente no ocurrió porque le dijo que no era su cometido y que se las diera al capitán.
En la sala también declaró, entre otros, el responsable de la investigación policial, aunque su intervención resultó prácticamente ininteligible para los medios debido a los problemas de sonido.
Este mando fue interpelado varias veces sobre por qué se concluyó que el alijo se dirigía a la costa gallega, respondiendo que se basaron en los contactos que mantenían los acusados con personas vinculadas a descargas de droga en Galicia.
Relato de la Fiscalía y penas solicitadas
La Fiscalía reclama penas de entre 11 años y medio y 13 años de prisión para el armador y los tres tripulantes del “Simione”, a quienes atribuye un delito contra la salud pública, agravado por la cantidad de sustancia, el empleo de una embarcación y la pertenencia a una red criminal internacional.
En su escrito de acusación, el ministerio público sostiene que el armador del pesquero, Pablo G.F., organizó el traslado del cargamento y la salida del buque, con bandera de Angola, desde Luanda, con los acusados José Antonio C.R. y el angoleño P.M.M. formando parte de la tripulación. El “Simione” llegó a Dakar (Senegal) el 1 de diciembre, donde el armador ya se encontraba esperándolo.
En la capital senegalesa, siempre según la acusación, Pablo G.F. coordinó con los otros dos procesados el repostaje del barco y la incorporación de un nuevo marinero, José Javier F.V. A continuación, el pesquero zarpó hacia un punto al suroeste de Cabo Verde, donde se cargó la cocaína, para después poner rumbo a las costas españolas.
Durante todo el trayecto, el armador mantuvo comunicación con José Antonio R.C., al que iba dando instrucciones sobre la derrota y de quien recibía información sobre la navegación y el estado del barco. La Fiscalía sostiene además que los tres tripulantes, los dos gallegos y el angoleño, conocían el propósito ilícito del viaje. Dos de ellos lo admitieron ante el tribunal.
El 18 de diciembre de 2022, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil abordó el “Simione”. En el registro, los agentes localizaron en la cubierta principal y en la bodega 115 fardos con 2.949 paquetes de cocaína. En total, el barco transportaba 2.866,52 kilos de esta droga, con una pureza del 77,3% y un valor en el mercado negro cercano a los 107 millones de euros.
El armador fue detenido en tierra y, en el registro de su vivienda en Vigo, se intervinieron varios dispositivos electrónicos, discos duros, documentación del “Simione”, teléfonos móviles y tarjetas SIM.
El quinto acusado y las incautaciones en tierra
Además, la Fiscalía acusa a una quinta persona, A.R.E., de un delito de tráfico de drogas, al entender que las pesquisas de la Guardia Civil permitieron acreditar su labor de “acopio y lucrativa distribución en el mercado ilícito de estupefacientes”.
En su caso, los investigadores registraron su domicilio en Ponte Caldelas y una nave en Vilagarcía. Allí se incautaron de casi un kilo de cocaína, más de un kilo de heroína, resina de hachís, varios teléfonos y tarjetas SIM, básculas de precisión, libretas con anotaciones y unos 6.280 euros en efectivo.
El ministerio público solicita para Pablo G.F. 13 años de cárcel; para José Antonio C.R., 11 años y 9 meses de prisión; y para José Javier F.V. y P.M.M., 11 años y medio. Para cada uno de los cuatro, pide además multas que ascienden a 636 millones de euros.
En cuanto a A.R.E., la Fiscalía reclama una condena de 8 años y medio de prisión y el pago de una multa de 940.000 euros.