La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray, ha alertado de que los órganos judiciales de la comunidad se encuentran “ante un colapso en violencia de género” que repercute de forma directa en las víctimas y que obedece, principalmente, a la falta de personal. Por ello, aprovechando la celebración del Día Internacional de la Mujer, ha instado a “adoptar medidas urgentes, activas y materiales para que ese compromiso sea real y tenga realmente eficacia” frente a las agresiones machistas.
Sosteniendo un voluminoso expediente repleto de incidencias de la jurisdicción de Violencia de Género, Astray ha señalado que las peticiones para reforzar las plantillas ya se han remitido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial a través del secretario de Gobierno y de los coordinadores, pero que esa solicitud no ha sido “ni contestada ni valorada”. Ha avisado además de que “el tiempo se nos echa encima y el problema de la violencia es que en cualquier momento algo que se ha quedado sin atender puede tener una importancia vital”.
En declaraciones a Europa Press, la magistrada ha detallado que la acumulación de diligencias en procedimientos de violencia contra la mujer se explica también por la elevada carga de trabajo de esta jurisdicción, donde se asumen competencias civiles, como las resoluciones de divorcio vinculadas a medidas de protección. Ante esta sobrecarga, ha indicado que en los turnos de guardia “en las guardias se tramitan las más urgentes, pero las diligencias de prueba pueden demorarse, prolongando el conflicto y la inquietud de la víctima”.
Las plazas especializadas en Violencia de Género presentan además “un hándicap”, ha añadido Astray, por la exigencia de inmediatez y de seguimiento continuo de los procedimientos, mientras los funcionarios se enfrentan “a una ola de detenidos diariamente, lo que hace muy difícil gestionar el volumen de trabajo”.
La presidenta ha recordado que ya se han impulsado algunas actuaciones para cubrir vacantes y que en Castilla-La Mancha se han creado nuevas plazas en esta materia, pero ha subrayado que “necesitan más dotación no sólo por la nueva estructura de los Tribunales de Instancia, sino porque las plantillas en Castilla-La Mancha llevan años sin dimensionarse y nos enfrentamos a una escasez de jueces y funcionarios”.
En el caso de Ciudad Real, se ha habilitado una nueva plaza de Violencia de Género, aunque “la creación no ha venido con ninguna plantilla”, lo que obliga a incorporar personal especializado para que resulte efectiva. En Toledo, la segunda plaza específica ha nacido “con déficit y sobre mínimos”, necesitando más refuerzos al abarcar partidos judiciales con un alto número de asuntos, como Illescas, además de los de la propia capital. La situación se ha visto empeorada por recientes bajas de funcionarios cuya sustitución “no ha sido fácil”, ya que esta jurisdicción “exige un trabajo constante y prolongación de jornadas, sin compensación económica alguna”, lo que provoca que muchos aspirantes rehúyan estos destinos.
Astray ha puesto también el foco en los juzgados de Ocaña, donde “hay un gran atasco y la plantilla está pensada en otra época”, lo que impide alcanzar los mínimos necesarios “por mucha buena voluntad y flexibilidad que tenga esta nueva organización”. Talavera de la Reina ha comunicado igualmente que su servicio de guardia está desbordado por los procedimientos de Violencia de Género, y tanto esta localidad como Guadalajara precisan además de una sala de vistas adecuada.
Otro obstáculo para cubrir las plazas más deficitarias es la aparente baja litigiosidad en zonas con poca población, “uno de los problemas de la España vaciada y que juega en nuestro detrimento”, ya que las nuevas dotaciones se priorizan en las grandes ciudades. Esto provoca que existan “plazas muy necesarias en la región que no se benefician de la nueva creación” de puestos en comparación con otras autonomías.
El desbordamiento de los asuntos de violencia machista coincide con una fase especialmente compleja para la Justicia castellanomanchega. Según ha explicado Astray, el sistema atraviesa “un periodo de acoplamiento” a raíz de la implantación de los Tribunales de Instancia, que ha generado incidencias en sedes como Albacete por la reasignación de tareas, los cambios en las direcciones y las nuevas extensiones. Durante varias semanas, ha relatado, se han vivido situaciones en las “que los profesionales no sabían ni a quién ni a dónde llamar”, aunque confía “en que poco a poco se vaya regulando”. Aun así, ha insistido en que “que habrá cosas que no podamos solventar si nacemos con una plantilla infradotada por muy eficaz que sea la implantación”.
La presidenta del TSJ ha sintetizado que son precisas “medidas de choque por unos cuatro meses” para “solventar el gran volumen de asuntos atrasados” y ha reclamado que el Ministerio de Justicia atienda las demandas de la judicatura castellanomanchega.