El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha decidido comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el procedimiento judicial abierto tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades contra la Orden 5465/2025, de 11 de noviembre, que autorizó la adscripción del Centro Universitario ICAM (CUICAM) a la Universidad Complutense de Madrid.
En una nota pública, la institución colegial ha subrayado su intención de dejar constancia de su “pleno respeto institucional” hacia las actuaciones de las distintas administraciones públicas, así como de su compromiso de seguir colaborando con “transparencia, rigor y lealtad” con todas las entidades involucradas en este expediente.
El Colegio ha insistido en que “la decisión de comparecer en el procedimiento responde al propósito de defender un proyecto de carácter estrictamente académico y profesional, fruto de una trayectoria consolidada de más de cuatro décadas en el ámbito de la formación jurídica especializada”.
El ICAM ha puesto de relieve que, desde 1986, desarrolla “una actividad formativa continua dirigida a miles de profesionales del Derecho, y la creación del CUICAM representa la evolución natural de esa vocación docente, ahora en el marco del sistema universitario oficial”.
Asimismo, el Colegio ha remarcado que la figura de los centros adscritos a universidades públicas está plenamente reconocida y regulada dentro del sistema universitario español, y que constituye una herramienta habitual para articular la oferta de estudios superiores.
En esta línea, ha recordado que “se trata de una modalidad consolidada, que en el curso 2024-2025 permite a más de 13.000 estudiantes cursar estudios superiores en la Comunidad de Madrid bajo esta fórmula, en los actuales 17 centros adscritos a las universidades públicas madrileñas”.
Un proceso técnico y reglado
El Colegio ha precisado que la autorización de la adscripción del CUICAM es fruto de “un procedimiento técnico, prolongado y reglado”, en el que han participado diversos órganos universitarios, instancias administrativas y entidades encargadas de la evaluación de la calidad.
Según detalla la institución, “el papel del ICAM se ha limitado a impulsar y sostener el proyecto en los términos legalmente previstos, con el único objetivo de contribuir a la mejor formación de los juristas, sirviendo a la sociedad y al Estado de Derecho”.
Con su personación ante el TSJM, el ICAM pretende “ejercer su responsabilidad institucional en defensa de un proyecto que considera plenamente conforme a la legalidad, coherente con su trayectoria formativa y alineado con los principios del sistema universitario público”.
Por último, el Colegio ha destacado “el diseño académico del centro, concebido para integrar una sólida formación teórica con una intensa exposición práctica y un claustro de máximo nivel, formado por profesionales de la abogacía, magistrados, catedráticos y juristas de referencia, estrechamente vinculados tanto al ejercicio de la abogacía como al sector público”.