El Constitucional estudiará el recurso del PP contra la cesión de funcionarios locales a Cataluña

El Constitucional admite el recurso del PP y analizará la cesión a Cataluña de la gestión de secretarios, interventores y tesoreros municipales.

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Una señal de tráfico frente a la sede del Tribunal Constitucional el día que se celebra el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC), a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España).  Fernando Sánchez - Europa Press

Una señal de tráfico frente a la sede del Tribunal Constitucional el día que se celebra el Pleno extraordinario del Tribunal Constitucional (TC), a 19 de diciembre de 2022, en Madrid (España). Fernando Sánchez - Europa Press

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El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad registrado por el Partido Popular contra la cesión al Gobierno catalán, fruto de un acuerdo con Junts, de la gestión de los secretarios, interventores y tesoreros de la administración local.

Tal y como ha informado el TC este jueves mediante una nota de prensa, el Pleno ha resuelto analizar el recurso impulsado por más de cincuenta diputados del PP en el Congreso de los Diputados.

En mayo, Junts y PSOE cerraron un pacto para que la Generalitat de Cataluña pasara a encargarse de la gestión de estos funcionarios municipales, incorporando esa decisión mediante una disposición específica en un real decreto ley.

Según detalla el propio Tribunal Constitucional en su comunicado, la disposición cuestionada regula el régimen aplicable al personal funcionario de la administración local con habilitación de carácter nacional en el ámbito de Cataluña.

El PP argumenta que esta regulación podría implicar una "posible vulneración" de la Carta Magna por, entre otros motivos, "la falta del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad".

Del mismo modo, los 'populares' sostienen que la medida sería incompatible "al orden constitucional de distribución de competencias, los mecanismos de cesión o transferencia competencial", así como con el principio de "proscripción de la arbitrariedad de los poderes público".

El recurso también cuestiona que la disposición vulnere el derecho a la igualdad en el acceso a los cargos públicos recogido en la Constitución, de acuerdo con la información facilitada por el tribunal de garantías.