El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido no acceder a la solicitud del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa para que se suspendieran de forma cautelar sus penas de inhabilitación mientras el propio tribunal resuelve los recursos de amparo presentados contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicarles la amnistía por la malversación vinculada al 'procés'.
Según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, el Pleno del TC adoptó este martes dicha resolución, después de retomar la deliberación que había quedado aplazada a comienzos de diciembre con el objetivo de lograr una respuesta unánime a las peticiones de los exdirigentes catalanes condenados por el referéndum ilegal del 1 de octubre.
La decisión se ha tomado a partir de varias ponencias asignadas a distintos magistrados, tanto del sector conservador como del progresista, que coincidían en proponer el rechazo de las medidas cautelares. Estas solicitudes formaban parte de los recursos de amparo planteados ante el Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de no aplicarles la ley de amnistía en lo relativo al delito de malversación.
Junqueras, Turull, Romeva y Bassa fueron condenados por sedición y malversación a penas de hasta 13 años de prisión y de inhabilitación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez les concedió en 2021 el indulto de las penas de cárcel, pero mantuvo las de inhabilitación, que el Supremo se negó a amnistiar al entender que la malversación del 'procés' encaja en las exclusiones previstas en la propia norma.
Los magistrados de la Sala Segunda del Supremo argumentaron que el dinero público desviado supuso “un enriquecimiento personal o beneficio patrimonial”, en la medida en que los líderes independentistas no asumieron esos costes con recursos propios, sino que recurrieron a fondos públicos para sufragar un objetivo partidista. Añadieron, además, que ello afectó a los intereses económicos y financieros de la Unión Europea, dado que una hipotética independencia de Cataluña habría reducido los ingresos comunitarios procedentes de España.
El Constitucional admitió a trámite los recursos de amparo, pero aún no ha entrado a resolver sobre el fondo, algo que se prevé para el próximo año. Mientras tanto, los dirigentes independentistas reclamaron que se dejara sin efecto la inhabilitación, que en el caso de Junqueras se prolonga hasta 2031. Los magistrados han rechazado estas peticiones cautelares.
FISCALÍA NO APRECIA “DAÑO IRREPARABLE”
La Fiscalía del TC ya se había posicionado en contra de la suspensión cautelar de las inhabilitaciones, al considerar que ello equivaldría a anticipar el sentido de la futura sentencia sobre los recursos de amparo y, además, porque no observaba que la continuidad de la inhabilitación causara un “daño irreparable”.
Las fuentes consultadas por Europa Press recuerdan que la doctrina consolidada del Constitucional es desestimar la suspensión de penas en vigor cuando el tiempo pendiente de cumplimiento es superior al plazo que previsiblemente tardará el propio TC en resolver los recursos de amparo, como sucede en este caso.
A este criterio se añade otro elemento, no vinculante pero sí tenido en cuenta: las conclusiones del abogado general de la Unión Europea, el luxemburgués Dean Spielmann, hechas públicas el pasado 13 de noviembre en el marco de las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional sobre la ley de amnistía.
El abogado general sostuvo que “no es conforme con el Derecho de la UE obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a dictar una resolución absolutoria y a alzar las medidas cautelares que se hubieran acordado en una fase anterior del procedimiento en el plazo máximo de dos meses, aún cuando el Tribunal de Justicia de la UE no haya adoptado todavía resolución” sobre las cuestiones remitidas.
En paralelo, el expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsellers Antoni Comin y Lluís Puig también han acudido en amparo al TC contra la decisión del Supremo de no amnistiarles la malversación ligada al 1-O, solicitando de forma cautelar que se levanten las órdenes de detención en territorio nacional que pesan sobre ellos.
Al igual que en el caso de Junqueras y los exconsellers condenados, el Constitucional ha admitido a trámite estos recursos de amparo, aunque, según las mismas fuentes, se prevé que las peticiones cautelares de Puigdemont, Comin y Puig —que aún deben ser examinadas por el Pleno— sean igualmente desestimadas.