El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el recurso interpuesto por Vox contra varios preceptos de un real decreto ley del Gobierno que regula medidas en el transporte aéreo en escenarios de emergencia internacional de salud pública, como la vivida durante la pandemia.
Tal y como ha informado este viernes el órgano de garantías en una nota de prensa, el Pleno ha concluido en su sentencia que no existen vicios de inconstitucionalidad en la impugnación planteada por Vox frente al Real Decreto-ley 14/2022, de 1 de agosto, sobre medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, y de ahorro, eficiencia energética y reducción de la dependencia del gas natural.
La formación recurría la habilitación al Ministerio de Transportes para fijar, mediante orden ministerial, el carácter obligatorio de determinadas directrices operativas que inicialmente se configuraban como recomendaciones para la gestión de pasajeros aéreos, personal de aviación y uso de aeropuertos en contextos de emergencia de salud pública de importancia internacional.
El TC considera que el Ejecutivo ofreció una “justificación explícita y razonada de la opción normativa adoptada” en relación con “la extraordinaria y urgente necesidad”.
Y aprecia que dicha necesidad está “identificada en la necesidad de flexibilizar el régimen de las citadas directrices operativas, transformándolas en recomendaciones, atendiendo a la favorable evolución de la pandemia y a la necesidad de potenciar la reactivación económica en los sectores del transporte y turismo, sin excluir la posibilidad de restaurar a través de un mecanismo ágil, como el previsto en el artículo 10 del Real Decreto-ley, su obligatoriedad cuando así lo exigiere la evolución epidemiológica atendible”, según recoge la nota.
Asimismo, el tribunal entiende que la medida aprobada presenta “la necesaria relación de congruencia con la situación de urgencia definida por el Gobierno”. “Tanto por la mejora de la situación sanitaria al tiempo de aprobarse el Real Decreto-ley cuestionado como por apreciarse que se pretende contar con un instrumento normativo que permita responder de manera rápida a una situación de emergencia de salud pública derivada de enfermedades que, como la Covid-19, son imprevisibles por su propia naturaleza”, añade.
El TC subraya que el fragmento del texto legal recurrido por el partido político no implica restricción ni suspensión de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
La vicepresidenta del TC, Inmaculaba Montalbán, ha sido la ponente de la resolución, frente a la cual los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel han anunciado la emisión de un voto particular discrepante.