El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reconocido que “no es posible, a corto plazo, evitar los problemas que necesariamente se derivan” de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, en vigor desde el año pasado y destinada a optimizar el uso de los recursos para reducir la sobrecarga de juzgados y tribunales. Por ello, ha reclamado un refuerzo de medios ante una “reforma tan profunda ejecutada en un plazo de tiempo relativamente corto, con las consiguientes dilaciones”.
Según detalla Gabilondo en el informe anual del Defensor del Pueblo de 2025, la entrada en vigor de la ley “supone un cambio profundo en la organización judicial” y, en el momento de elaborar el documento, aún no había “transcurrido un tiempo suficiente que permitiera evaluar la reforma operada para la racionalización y eficiencia perseguida” con la nueva normativa.
El informe subraya que la ley “motivó muchas de las quejas recibidas” por “la falta de cobertura de las necesidades de personal detectadas en distintas partes del territorio, en especial en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer”.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo insiste en la conveniencia de “un incremento de la plantilla de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia en toda España”. De no acometerse este refuerzo, advierte, “la carga de trabajo de los magistrados seguirá siendo la misma”.
Gabilondo también cuestiona que “la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia de manera generalizada tampoco parece que a corto plazo pueda resolver los largos períodos de espera para la celebración del juicio”, ya que, tal y como precisa, “la creación del tribunal de instancia no supone ninguna alteración del reparto ya asignado a los hasta entonces juzgados”.
Los retrasos, el “principal problema” de la Justicia
En el documento, el Defensor del Pueblo identifica “el problema principal del Servicio Público de Justicia” y “el más repetido a lo largo de los años” en “los retrasos”, que atribuye a “causas estructurales, a la insuficiencia de medios personales o materiales de los juzgados”, a la “falta de cobertura de las vacantes” en la oficina judicial y a “la sobrecarga de trabajo en los órganos judiciales, producida por el incremento sostenido en el tiempo de la litigiosidad”.
El informe destaca especialmente los retrasos “en materias donde el factor tiempo es esencial, como son los derechos de visita o guarda y custodia de los hijos o los procesos de tutela de las personas mayores o con discapacidad”, y el Defensor del Pueblo reclama que “se doten correctamente dichas secciones”.
Además, apunta que “la falta estructural de medios del resto de la Administración de Justicia” y “el incremento de pleitos” repercuten igualmente en las demoras de la actividad pericial.
Inestabilidad y suspensiones de juicios
El Defensor del Pueblo también lamenta que persistan “situaciones perjudiciales para el ciudadano cuando el juez que ha presidido la vista o el magistrado ponente en el caso de los órganos colegiados caen enfermos y su baja prolongada deja pendiente el dictado de la correspondiente sentencia”.
En la misma línea, advierte de que, ante la “imposibilidad de acudir el juez o el llamado a sustituirlo” al juicio, la vista se suspende y “genera que las citaciones se pospongan”, por lo que reclama que la nueva fecha para la vista suspendida se fije “en la mayor brevedad posible”.
Por otra parte, Gabilondo sostiene que “el personal de los juzgados centrales de instrucción no tiene la suficiente estabilidad” y recuerda que la Audiencia Nacional “se encarga de investigar delitos de relevancia y alta complejidad, como terrorismo, narcotráfico a gran escala o delitos económicos que causen grave perjuicio a la economía nacional”, por lo que “requiere un personal altamente especializado y estable”.
El informe también resalta que el Defensor del Pueblo ha recibido “un número relevante de quejas” sobre la actuación de los abogados de oficio. En este sentido, insiste en “la necesidad de dotar de medios adecuados al turno de oficio” y reclama que se garantice “un servicio de calidad”.