Marc Pons, quien fuera jefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que se vio “cuatro o cinco veces” con el exasesor ministerial Koldo García, aunque ha precisado que esos encuentros no tuvieron relación con la supuesta trama de hidrocarburos.
Según han indicado este miércoles fuentes jurídicas a Europa Press, Pons también ha relatado que participó en una reunión “de alto nivel” en la que estuvieron presentes Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Las mismas fuentes detallan que Pons explicó al juez Santiago Pedraz que mantuvo otro encuentro con Koldo después de que este le solicitara 15 segundos para verse, insistiendo en que en esa cita tampoco se abordó la licencia de operador de hidrocarburos solicitada por Villafuel, considerada el núcleo de la presunta trama.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino una conversación entre Koldo y Pons en la que el exasesor pedía concertar una reunión.
“Muy buenas. Te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”, escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de remitirle una fotografía del recibo del registro electrónico de la solicitud de Villafuel. Estos mensajes, a los que ha tenido acceso Europa Press, fueron intervenidos por la UCO y se han incorporado al ‘caso hidrocarburos’.
En paralelo, el empresario Claudio Rivas ha optado por no declarar por el momento y ha condicionado su testimonio a que antes comparezcan el resto de investigados. Estaba fijada para este miércoles la declaración ante el juez Pedraz de Juan Ignacio Díaz Bidart, ex jefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, pero no ha podido asistir “por motivos logísticos”, de acuerdo con fuentes jurídicas, por lo que su comparecencia se celebrará en otra fecha.
El magistrado tiene previsto tomar declaración este jueves, a partir de las 10.00 horas, al empresario Víctor de Aldama en calidad de investigado y, en la misma condición, este viernes a la empresaria Carmen Pano, que afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz, y a su hija, Leonor González.
Asimismo, Pedraz escuchará como testigos este jueves a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, administrador de una mercantil, mientras que el viernes está citado Álvaro Gallego, quien podría estar vinculado con 108.500 euros retirados en efectivo, según los informes policiales.
Una trama con influencia en varios ministerios
En su último informe incorporado a la causa, la UCO sostiene que la red de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, sino también en los de Industria, Comercio y Turismo y Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces dirigidos por Maroto y Ribera, respectivamente.
Los investigadores apuntan a que esa infiltración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
En el mismo documento, la UCO señala a Aldama y a Rivas como supuestos dirigentes de la red, al indicar que “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras”.
Según el informe, la trama habría constituido “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, recogen los agentes.
La UCO sitúa el inicio de las supuestas actividades delictivas en 2020, cuando desde el “entorno de la presunta organización criminal” se habría solicitado a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, con el fin de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.
Los investigadores concluyen que la red habría destinado un millón de euros para tratar de influir en el empresario, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.