Marc Pons, exjefe de gabinete de la exministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico Teresa Ribera, declaró como testigo ante la Audiencia Nacional que se vio en cuatro o cinco ocasiones con el exasesor ministerial Koldo García, aunque ha recalcado que esos encuentros no tuvieron como objeto la presunta trama de hidrocarburos.
Según han indicado este miércoles fuentes jurídicas a Europa Press, Pons también ha explicado que participó en una reunión en la que estuvieron presentes Ribera, Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Las mismas fuentes detallan que Pons relató al juez Santiago Pedraz que uno de esos encuentros con Koldo se produjo después de que este le pidiera 15 segundos para verse, precisando que en esa cita tampoco se abordó la licencia de operador de hidrocarburos solicitada por Villafuel, considerada el núcleo de la supuesta trama.
En uno de los últimos informes incorporados al procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reflejó una conversación entre Koldo y Pons en la que el exasesor reclamaba una reunión.
“Muy buenas te puedo ver 15 segundos para darte los papeles que te comenté de la solicitud”, escribió Koldo a Pons el 8 de julio de 2021, tres meses después de remitirle una fotografía con el justificante del registro electrónico de la solicitud de Villafuel.
En ese mismo documento, los investigadores incluyeron una imagen que Koldo reenvió a Pons en febrero de 2021 “conteniendo los datos de registro de documentación relativa al expediente de Villafuel”.
Sin participación en la licencia ni beneficios
El exjefe de gabinete, ahora diputado del PSOE en el Parlamento balear, ha señalado que cree que la foto se envió tras su reunión, pero ha insistido en que no intervino en la tramitación de la autorización de hidrocarburos ni recibió ningún tipo de dádiva.
En esta línea, Pons ha recalcado que Villafuel no obtuvo ningún trato de favor por parte de ningún ministerio y ha subrayado que la autorización se resolvió por la vía ordinaria en 2022, más de un año después de las supuestas presiones, de acuerdo con otras fuentes jurídicas consultadas.
Esas fuentes añaden que el exjefe de gabinete ha aportado documentación para acreditar que aún no se había incorporado a su puesto en el Ministerio cuando Villafuel presentó la primera solicitud.
También ha dejado constancia de que ya había cesado en su cargo cuando se tramitó la segunda petición de la empresa y cuando el expediente se resolvió por el cauce ordinario, entre julio y septiembre de 2022.
Declaraciones pospuestas e investigados clave
Por otro lado, el empresario investigado Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama —ambos señalados por la UCO como presuntos líderes de la trama—, se ha acogido a su derecho a no declarar hasta que comparezcan más imputados.
Igualmente estaba fijada para esta mañana la declaración como testigo de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, pero no ha podido presentarse por problemas logísticos, según fuentes jurídicas, por lo que su citación se trasladará a otra fecha.
El magistrado tiene previsto interrogar mañana a partir de las 10.00 horas, en calidad de investigado, a Aldama y, el viernes, también como investigadas, a la empresaria Carmen Pano —que afirma haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz— y a su hija, Leonor González.
Asimismo, Pedraz escuchará este jueves como testigos a Manuel García, director general de Política Energética y Minas, y a Manuel Salles, administrador de una mercantil, y el viernes a Álvaro Gallego, quien podría estar vinculado con retiradas en efectivo por importe de 108.500 euros, según los indicios recopilados.
Presunta infiltración en varios ministerios
En su último informe remitido al juzgado, la UCO sostiene que la trama de hidrocarburos no solo habría logrado introducirse en la cúpula del Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, sino también en las de Industria, Comercio y Turismo y de Transición Ecológica y Reto Demográfico, entonces dirigidos por Maroto y Ribera, respectivamente.
Dicha penetración se habría articulado a través de Aldama, “persona con acceso al entorno” de Ábalos, con el objetivo de “influir en la resolución administrativa por la cual se otorgaría a Villafuel la autorización para operar en el mercado mayorista de los hidrocarburos, pese al incumplimiento de los requisitos legalmente exigidos” y “todo ello a cambio de una contraprestación económica”.
Los agentes añaden que Aldama y Rivas “ostentaban la decisión, el control y la coordinación de ambas estructuras” y calculan que la red habría desembolsado alrededor de un millón de euros para influir en el presunto conseguidor, en el exministro Ábalos y en su exasesor Koldo García.
Además, la UCO describe que el grupo habría constituido “una organización criminal especializada en la comisión de delitos contra la Hacienda Pública en el sector estratégico de los hidrocarburos, que operaba a través de una estructura societaria encabezada por la operadora Villafuel y otras vinculadas al sector”.
“De forma paralela, dicha organización criminal disponía de otra estructura conformada por mercantiles destinadas al perfeccionamiento de operativas orientadas al blanqueo de los capitales procedentes de las actividades ilícitas descritas”, se recoge en el informe.
La UCO sitúa el inicio de las supuestas actividades delictivas en 2020, cuando desde el “entorno de la presunta organización criminal” se habría solicitado a Aldama “que activara su red de contactos e intercediera para intermediar, principalmente con miembros del Ministerio de Transportes”, con la finalidad de que Villafuel obtuviera la licencia de operadora.